PSOE de Torrejón aportará un informe "que prueba la legalidad del convenio" que juzgará el TSJM

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Torrejón de Ardoz ha emitido este martes un comunicado en el que informa de que, en el juicio que tendrá lugar en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) entre el 14 y el 17 de diciembre "se aportará un informe jurídico que prueba que el convenio jurídico" por el que se juzga a la Corporación municipal de 2001 "estaba ajustado a la legalidad".

Se trata de un informe de un catedrático de derecho con el que los socialistas pretenden arrojar luz a un asunto en el que, según han explicado, "existe una gran controversia entre dos informes jurídicos, el de la abogada de Urbanismo y el del secretario de la Corporación".

Los ediles han explicado su deseo de que el juicio y la consiguiente sentencia "se produzcan cuanto antes, en unos días, para poder aclarar todos los extremos que llevaron a 14 concejales a aprobar este acuerdo plenario". Además, se han mostrado "convencidos de que se producirá una sentencia absolutoria".

"Queremos reiterar de nuevo que los 14 concejales de la Corporación de Torrejón de Ardoz no están acusados ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente. Se trata de dirimir una posible prevaricación administrativa; es decir, si fue acertado hacer caso al informe de la abogada de Urbanismo en vez de al del secretario. Esta es la actuación que se analiza: la decisión y el voto de 14 personas en un pleno municipal", han aclarado.

Asimismo, los ediles han recordado que con este acuerdo de Pleno se consiguió "salvar la construcción de 107 viviendas de integración social y llevar a cabo la construcción de otras 390 viviendas públicas".

"La subvención de las 107 viviendas de integración social corría riesgo de perderse si no se llevaba a cabo de forma urgente la urbanización de la parcela, lo que se consiguió con el Convenio. Las 107 familias afectadas ejercían una importante y justificada presión, ya que sus viviendas podrían no construirse. Y para muchas de las familias estas viviendas sociales suponían la única manera de tener una casa: eso es lo que se consiguió", han añadido.

Por último, los concejales han hecho hincapié en el comunicado en que el juicio demostrará que actuaron "correctamente" al aprobar el convenio y que con ello lograron "sacar adelante unas viviendas sociales muy necesarias".

FECHAS DEL JUICIO

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará del 14 al 17 de diciembre el juicio contra la ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y actual secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, así como de toda la Corporación municipal de esta localidad en el año 2001 por su implicación en el 'caso Patrimonio Siglo XXI', ha informado el TSJM en un comunicado.

La Fiscalía del TSJM acusa a cada uno de los imputados de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases del Régimen Local. Cada uno de los acusados se enfrenta a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Además de Rollán, se sentarán en el banquillo de los acusados la diputada Esperanza Rozas; Francisco Martín Rojas; Julia López Jiménez; María del Mar González Romero; Josefina Ginovart Amorós; María de los Desamparados Gallego Alfaro; y Francisco Montero Almirón. También serán juzgados Lucía Tizón Cuñarro; Valentín Gómez Goraz, Luis Ceres Rodríguez; Juana Fernández Rodríguez; Félix Ortega Arias; y Juan Francisco López Gárate.

El escrito de acusación señala que en 2001 la corporación del Ayuntamiento de Torrejón, en la que se encuentra Rollán o la diputada regional del PSOE Esperanza Rozas, votó favorablemente un convenio urbanístico entre el Consistorio y la entidad Patrimonio Siglo XXI S.A., por valor de 539.291.000 pesetas (3.241.204 euros), a pesar de que durante el pleno "se puso de relieve la ilegalidad del convenio" y los miembros del equipo de gobierno eran "plenamente conscientes de su ilegalidad".

El texto señala que en virtud del convenio la sociedad "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento en la unidad de Ejecución 19 denominada 'Mancha Amarilla' ubicada en el PGOU" del municipio.

CONVENIO IRREGULAR

El escrito indica que el pleno municipal en el que se votó el convenio "puso de relieve la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito" advirtiendo que la Concejalía de Urbanismo de la localidad "no cumplió con los artículos 164, 172, 175 y 177 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales", y en el fondo, "se infringía la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid" porque el convenio "no tenía cabida en los artículos 245 y 246 de la Ley del Suelo".

Asimismo, señala que el secretario del Ayuntamiento "ponía de relieve la circunstancia de que nunca se podría configurar jurídicamente el convenio como una permuta, al no darse la necesaria reciprocidad de dar y recibir".

Por todo ello, el fiscal señala que los hechos "constituyen 14 delitos de prevaricación del artículo 404 del código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases de Régimen Local" y que "cada acusado es responsable de un delito de prevaricación de los preceptos reseñados". Además, señala que "a cada acusado procede se le imponga la pena de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público".

MULTA DE TRÁFICO

El pasado 15 de noviembre, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, comparó la imputación de Rollán con una "multa de tráfico" y aseguró que no tiene "ninguna duda" de que el caso no va a tener ninguna consecuencia jurídica.

"Nada tiene que ver una multa de tráfico, que desde luego, de ese proceso judicial no tenemos ninguna duda que no va a tener ninguna consecuencia jurídica, pero nada tiene que ver, en todo caso, una multa de tráfico con atracar un banco. Nada tiene que ver un asunto puramente de una decisión administrativa y que no va a tener consecuencias judiciales con lo que estamos viendo y viviendo en las administraciones que gobierna el PP", señaló entonces Gómez.

En este punto, indicó que los socialistas no contraponen "buenas políticas a corrupción", ya que la corrupción es un delito y "el delito hay que extirparlo de la vida pública y el delito se extirpará en las instituciones madrileñas" a partir del momento en que el PSOE gobiernen el 22 de mayo".