MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CCOO y UGT y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Giner de los Ríos confían en recoger más de 100.000 firmas de apoyo a su iniciativa legislativa popular (ILP) para la convivencia escolar, el doble de las necesarias para forzar su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid.
La propuesta, que ya ha sido admitida a trámite por la Cámara regional, pasa ahora a la fase de recogida de apoyos, que finalizará en el plazo de tres meses. De conseguir reunir al menos 50.000 firmas, el texto de los sindicatos será sometido al mismo proceso que cualquier otra propuesta de ley, para acabar con su debate en el Pleno de la Asamblea.
Para conseguirlo, las tres organizaciones tienen previsto llevar a cabo un programa de actividades de animación que potencie la recogida de firmas y en el que participarán padres y madres de alumnos, trabajadores de la enseñanza, docentes y no docentes, según informó hoy CCOO de Madrid.
La admisión a trámite de la iniciativa, que fue presentada el pasado 15 de marzo con el respaldo de los grupos parlamentarios del PSOE e IU, ratifica, a juicio del sindicato, "la coherencia jurídica del texto de la ILP y da su visto bueno a su itinerario parlamentario".
MEJORA DE LA CONVIVENCIA
La ley para la convivencia escolar pretende desarrollar medidas educativas preventivas y correctoras que promuevan "la mejora de la convivencia en los centros de enseñanza". Entre los principios rectores que rigen su articulado se encuentran la sensibilización ciudadana, la participación de todos los sectores de la comunidad educativa y la tutela institucional.
Asimismo, los sindicatos y la Giner de los Ríos apuestan por promover la formación especializada, la autonomía pedagógica y de gestión de los centros, la coordinación de medios y recursos de las distintas administraciones y la protección a las víctimas de la violencia escolar en cualquiera de sus manifestaciones.
Según CCOO, esta iniciativa popular constituye "una respuesta a la ineficacia" de la Consejería de Educación, que "sólo ha sido capaz de regular una batería de medidas sancionadoras como toda estrategia de fomento de la convivencia". "Nace, por ello, para llenar el vacío respecto a medidas educativas y recursos que prevengan comportamientos conflictivos en los centros de enseñanza", apunta el sindicato.
