Un total de 37.500 sentencias de Penal están pendientes de ser ejecutadas en la Comunidad de Madrid

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37.500 sentencias de lo Penal están pendientes de ser ejecutadas en la Comunidad de Madrid, lo que la sitúa en la tercera comunidad autónoma, por detrás de Cataluña y la Comunidad Valenciana, que peor situación afronta por el colapso en los Juzgados encargados de hacer efectivas las penas dictadas en las secciones penales, según se desprende de informe elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El CGPJ cifra en un total de 269.450 la sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas en España a partir de los datos recabados de los Juzgados de lo Penal Ordinario y los Órganos Especializados en esta materia de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.

Se trata de un exhaustivo informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ y que será discutido el próximo jueves en la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces. En él se ofrece que, de esas casi 270.000 sentencias que se encontraban en situación de pendencia a la conclusión del pasado año 2007, un 70,25 por ciento (189.280) se residencian en los Juzgados de lo Penal y el 29,74 por ciento restante (80.125) en los Juzgados Especializados.

"La carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de Órganos", denuncia el estudio, que además señala que se sobrepasa la media del registro en un 21 por ciento en Madrid, en un 52,24 por ciento en Barcelona, en un 99,62 por ciento en Valencia, en un 82,30 por ciento en Palma de Mallorca, en un 80 por ciento en Bilbao, y en un 4,10 por ciento en San Sebastián.

En ese sentido, el CGPJ estima que "los anteriores datos, inducen a pensar la necesidad de implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener la plena normalización de estos Órganos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de Tutela Judicial Efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas".