Los procesados se enfrentan a 15 y 4 años de prisión por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental
MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid pondrá fin mañana por la tarde al juicio por la supuesta estafa inmobiliaria de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), que en octubre de 2002 cerró sus oficinas dejando a miles de afectados sin piso en los PAUs de los barrios del norte, pese haber adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas.
Tras cinco meses de sesiones, la vista oral quedará vista para sentencia con la última palabra de los seis acusados, cuatro directivos de la empresa, entre ellos Francisco García, y dos de sus presuntos testaferros. Los procesados se enfrentan a 15 y 4 años de prisión por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental, y a una multa de 60 euros diarios durante 36 meses.
La Fiscalía de Madrid sostiene que los encausados obtuvieron de los supuestos estafados cerca de 37,5 millones de euros a cambios de pisos que se iban a construir en los nuevos PAU,s de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas.
El pasado día 17, el fiscal presentó su acusación definitiva y rebajó de 72 a 68 años de cárcel las penas que pedía inicialmente. Aunque no modificó la calificación jurídica, planteó como alternativa al delito continuado de estafa uno de apropiación indebida y al de falsedad documental otro por estafa consumada, en el caso de los supuestos testaferros de la CPV.
"DESPRECIO A LA LEY"
Durante la exposición de su informe, el representante del Ministerio Público situó los hechos a finales de 1997, cuando los que serían directivos de la CPV fundaron la empresa, con la finalidad de promocionar viviendas en los nuevos barrios del norte de Madrid. Por aquel entonces, su capital social era de 700.000 pesetas.
"A partir de ahí, aprovechando los pagos de los afectados, realizaron la promoción de viviendas y la captación de clientes para obtener fondos para edificar casas", apuntó el fiscal, que añadió que los acusados empezaron así a "aparentar" que la sociedad disponía de terrenos para construir, "con absoluto desprecio a la ley".
Los afectados firmaban entonces un contrato de "adquisición de vivienda", que incluía una clausula que estipulaba que el dinero adelantado iría destinado a una cuenta especial abierta en un entidad bancaria de "solvencia reconocida", y otra que contenía el compromiso de que recibirían un aval para garantizar la entrega de dinero.
Pese a que la normativa vigente exigía que con ese dinero se formaría un patrimonio separado destinado sólo a la construcción de las viviendas, los procesados lo utilizaron para su propio beneficio, como para cobrar medio millón de pesetas al mes.
"Ese dinero --aseveró el fiscal-- no podía ir destinado ni a sueldos, ni a propaganda, ni a vivir ellos, ni a que la empresa creciera. Los acusados se saltaron la ley, que evitaba que sociedades como la CPV recién creadas de la nada pudiera hacer lo que al final hizo. Estas personas no tenían ni oficio ni beneficio en la construcción, pero llegaron a cobrar unas 500.000 pesetas al mes".
