Tribunales.-El Supremo reconoce el derecho de una concejal del PSOE a acceder a la auditoría sobre los cursos del IMEFE

Este caso estalló en 2001 después de que la oposición denunciara irregularidades en la financiación de los cursos impartidos a desempleados MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de la concejal socialista Isabel Villalonga a acceder a una auditoría que el Ayuntamiento de José Luis Álvarez del Manzano le había denegado sobre los cursos de formación del antiguo Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (IMEFE), a raíz del escándalo que empañó en 2001 a esta empresa, cofinanciada por fondos europeos y del Ayuntamiento, por supuestas irregularidades en la financiación que supusieron un fraude de nueve millones de euros.

En una sentencia notificada hoy, la Sala de lo Contencioso-Administrativa acepta el recurso interpuesto por la concejal contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por denegarle el acceso a la auditoría, que había solicitada en mayo de 2002. La concejal fue presidenta de la comisión que investigó este caso en 2001, que saltó a la luz pública tras varias denuncias presentadas por su Grupo y por IU.

Al dar la razón a Villalonga, los magistrados dejan sin efecto la sentencia recurrida, de 9 de octubre de 2002, y ordenan al Consistorio madrileño a entregarle la auditoría objeto de litigio relativa a los cursos de formación de desempleados.

El alto tribunal subraya en la resolución que es "evidente" que Villalonga, en su condición de concejal del Ayuntamiento de Madrid, "le interesa el funcionamiento de dichos cursos, sobre los que posiblemente tendrá que decidir, al menos en el futuro".

La Sala fundamenta su decisión en "el derecho de los cargos públicos a obtener informes que obren en poder de la entidad local y que resulten precisos para el desarrollo de su función", conforme a lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y del Reglamento de las Entidades Locales.

Reseña que estas circunstancias se daban en este caso, sin que "se tratase de acceso a una información de un tercero, puesto que el documento ha sido generado enteramente por el Ayuntamiento de Madrid". Además, agrega que "la materia auditada afecta directamente a la vida municipal y al ejercicio del derecho fundamental que ampara a la concejal".

RESPONSABLES IMPUTADOS

El caso 'IMFE' se encuentra actualmente en la Audiencia Provincial de Madrid pendiente del señalamiento del juicio después de que el pasado febrero la Fiscalía Anticorrupción hiciese público su escrito de acusación contra los responsables de la empresa.

En concreto, el Ministerio Público solicita en sus conclusiones provisionales un total de 30 años de cárcel para los acusados, entre quienes figuran el entonces director gerente del Imefe, Ricardo Peydró Blázquez, y el director del Servicio de Formación Ocupacional, José Luis Solana Azcárate. Ambos se enfrentan a una petición fiscal de 9 años de cárcel.

Según la fiscal Pilar Melero, Blázquez y Solana adjudicaron a diferentes sociedades cursos de formación para desempleados subvencionados en un 45 por ciento por el Fondo Social Europeo y el resto, hasta el 100 por ciento, por el Ayuntamiento de Madrid a cambio de recibir dinero o regalos.

Se les acusa de delitos continuados de prevaricación y cohecho por parte de los dos principales acusados, así como un delito continuado de falsedad y estafa por parte de los responsables de las empresas que recibieron las ayudas.

Para los seis responsables de las empresas imputadas, la fiscal reclama penas de entre uno y dos años de prisión, así como inhabilitación para cargo público de 2 y 3 años.