El TSJM alerta de que Ley de Eficiencia "ralentiza" y eleva los asuntos sin resolver a más de 825.000

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, ha advertido este viernes de que la implantación de la Ley de Eficiencia y de los nuevos Tribunales de Instancia ha provocado durante 2025 una ralentización de la actividad judicial, un incremento de la pendencia, un 123% más que en 2019, y numerosas dificultades organizativas.

Durante la presentación de la Memoria Anual de esta sede judicial correspondiente al año 2025, Rodríguez ha sostenido que la reforma "más ambiciosa en décadas" ha arrancado marcada por "retrasos y problemas estructurales" y ha lamentado que las reiteradas peticiones del TSJM para reforzar la planta judicial hayan sido ignoradas durante años pese al incremento constante de la carga de trabajo.

Celso Rodríguez ha defendido que la Administración de Justicia no puede conformarse con funcionar con "recursos mínimos", sino que debe aspirar a garantizar plenamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En este sentido, ha subrayado de que ese derecho, recogido en el artículo 24 de la Constitución, resulta "incompatible" con las demoras endémicas que arrastra la Justicia y reclamó perseverar en la búsqueda de una mayor eficacia.

"No nos podemos conformar con los recursos mínimos. La Constitución habla de tutela efectiva, e insisto en tutela efectiva. La tutela efectiva es incompatible con el retraso endémico de la Administración de Justicia. Hay que acercarse a ese derecho constitucional y perseverar en la búsqueda de la efectividad o de la eficacia", ha afirmado.

DESCENSO EN ASUNTOS PERO AUMENTO EN PENDENCIA

En términos globales, los órganos judiciales madrileños registraron en 2025 un total de 1.184.151 asuntos, un 5,3% menos que el año anterior; resolvieron 1.125.798 procedimientos, ligeramente por encima de 2024, pero la pendencia volvió a crecer hasta los 825.114 asuntos, frente a los 747.414 con los que terminó el ejercicio anterior.

La evolución de la pendencia refleja el progresivo atasco de la Justicia madrileña. Mientras en 2019 los órganos judiciales acumulaban 370.210 asuntos pendientes, al término de 2025 la cifra alcanzó los 825.114, más del doble.

Este incremento sostenido, que se ha intensificado en los dos últimos años, es uno de los principales indicadores utilizados por el TSJM para reclamar un refuerzo de la planta judicial y más medios personales.

La jurisdicción civil concentró el mayor descenso de asuntos, con una caída del 9,8% en los nuevos ingresos (592.189), aunque aumentaron las resoluciones un 2,2%. Sin embargo, los procedimientos pendientes crecieron un 8,3%, hasta alcanzar los 564.957.

En el ámbito penal apenas descendieron los asuntos registrados (-0,3%), pero la pendencia aumentó un 15,6%; en la jurisdicción social la bolsa de asuntos pendientes se disparó un 26,8%, mientras que en la contencioso-administrativa descendió un 3,9%.

El presidente del TSJM ha evitado extraer conclusiones definitivas sobre la eficacia de la nueva organización judicial al considerar que 2025 ha sido un año de transición, con el primer semestre funcionando bajo el modelo anterior y el segundo marcado por la implantación de los Tribunales de Instancia.

Asimismo, ha atribuido el descenso de la litigiosidad civil, en parte, a la incertidumbre generada por la obligatoriedad de los medios alternativos de solución de conflictos antes de presentar determinadas demandas, más que a un éxito acreditado del nuevo sistema.

CRÍTICAS A LA IMPLANTACIÓN

Entre las principales reivindicaciones, el TSJM denuncia que la implantación de los Tribunales de Instancia se realizó con "excesiva precipitación, sin un calendario progresivo que permitiera corregir errores antes de extender el modelo a los grandes partidos judiciales".

También critica la pérdida de interlocución entre jueces, funcionarios y profesionales, las dificultades derivadas de la nueva organización de las oficinas judiciales, la falta de adaptación de las sedes al nuevo sistema y el elevado número de vacantes de personal, que supera el 10% de las plantillas y que, unido al alto porcentaje de interinos, amenaza con provocar un colapso del servicio si no se cubren con rapidez.

En materia de necesidades, Rodríguez ha respaldado la creación de 74 nuevas plazas judiciales en la Comunidad de Madrid, incluidas en el proyecto estatal de 500 nuevas plazas, aunque ha reclamado que su entrada en funcionamiento se acompase a la incorporación ordinaria de nuevos jueces para preservar los principios constitucionales de mérito y capacidad, rechazando fórmulas extraordinarias de estabilización.

Por último, la Memoria también reclama acelerar la adaptación de las sedes judiciales al nuevo modelo organizativo y pide que se impulsen cuanto antes las conexiones de transporte con la futura Ciudad de la Justicia de Valdebebas, cuya primera ocupación continúa prevista para el segundo semestre de 2027.

El TSJM recuerda que el complejo recibirá en torno a 30.000 personas al día, por lo que considera "imprescindible garantizar un acceso adecuado para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial".