El TSJM eleva en casi 90.000 euros la indemnización a una pareja afectada por la Línea 7B de Metro

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido una indemnización adicional de 89.608,43 euros a una pareja de vecinos de San Fernando de Henares que perdió su vivienda por los daños provocados por las obras de la Línea 7B de Metro.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, incrementa así la compensación inicialmente fijada por la Comunidad de Madrid hasta alcanzar un total de 362.051,45 euros. La resolución estima parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Afectados Metro Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares y por los propietarios de la vivienda.

El caso se refiere a una vivienda situada en la calle Rafael Alberti de San Fernando de Henares, declarada en ruina y posteriormente demolida tras los graves daños derivados de la prolongación de la Línea 7B de Metro entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares.

La Comunidad de Madrid había reconocido en 2023 una indemnización de 272.443,02 euros por la pérdida del inmueble, el mobiliario y los daños morales. Sin embargo, los afectados recurrieron al considerar insuficiente la valoración realizada por la Administración regional.

"IMPACTO EMOCIONAL"

La sentencia reconoce el incremento de la indemnización por daños morales, ya que la Sala considera acreditado el profundo sufrimiento padecido por los afectados durante años de incertidumbre por el estado de su vivienda y el impacto emocional derivado del desalojo y demolición del inmueble.

"Por todo lo expuesto, la Sala no anuda la indemnización por daño moral al perjuicio para la salud que pudiera representar un diagnóstico clínico de ansiedad o depresión, pero sí al sufrimiento psíquico, la zozobra, la incertidumbre y el temor por el devenir de su vivienda familiar", recoge la resolución judicial.

Los magistrados subrayan además que ese sufrimiento se prolongó durante un largo periodo de tiempo, desde la aparición de los primeros daños relacionados con la Línea 7B hasta la apertura del procedimiento de responsabilidad patrimonial por parte de la Comunidad de Madrid.

A ello añaden "el impacto emocional causado por el desalojo repentino de la vivienda donde establecieron su domicilio familiar y desarrollaron su proyecto vital dejando allí los enseres y pertenencias de toda una vida".

Por ello, el tribunal fija "prudencialmente" una indemnización de 36.000 euros para cada uno de los afectados por daños morales, lo que supone reconocer 12.000 euros adicionales a cada demandante respecto a la cuantía inicialmente acordada por la Administración.

La sentencia rechaza, no obstante, otras reclamaciones formuladas por los afectados, entre ellas algunas vinculadas al impacto fiscal de la indemnización, gastos futuros asociados a una nueva vivienda y determinados conceptos de lucro cesante.

El tribunal también avala la legitimación de la asociación vecinal para intervenir en defensa de los afectados por la Línea 7B, subrayando que sus estatutos contemplan expresamente la defensa jurídica de los vecinos perjudicados por las obras de Metro.