UGT ve insuficiente que TSJM obligue a Madrid a crear el registro de objetores al aborto y pide "garantizar" el derecho

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Madrid ha tildado de "insuficiente" la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a iniciar los trámites para la creación del registro de objetores de conciencia al aborto y ha exigido a la Comunidad que "de manera inmediata" se garantice "el derecho efectivo de las mujeres a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) dentro de la sanidad pública".

En un comunicado, la organización sindical ha remarcado que, aunque las madrileñas tienen el derecho al aborto reconocido, no hay un "acceso real en la sanidad pública madrileña" a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), donde menos del 1% de ellas se realizan en hospitales públicos.

Unos datos que para el sindicato demuestran que en el sistema sanitario madrileño "no está garantizando de manera efectiva este derecho reconocido por la legislación estatal". "La práctica totalidad de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas acreditadas, a las que las mujeres son derivadas desde el sistema público de salud", alega.

Una "externalización" del servicio que provoca "múltiples problemas" como "retrasos y dificultades en el acceso a la prestación sanitaria, desvinculación de la atención del sistema sanitario público, situaciones de presión social y hostigamiento a las mujeres, y mujeres expuestas al acoso en las puertas de las clínicas".

Sobre este último tema, UGT Madrid ha denunciado que muchas de las mujeres que acuden a estas clínicas "tienen que atravesar concentraciones de grupos antiabortistas que las increpan, las señalan y tratan de disuadirlas, generando situaciones de presión y acoso mientras ejercen un derecho reconocido por la ley".

"Este escenario supone una vulneración del derecho a recibir atención sanitaria en condiciones de seguridad, privacidad y dignidad, que debería estar garantizado dentro de los hospitales públicos", ha alegado el sindicato.

En este marco, la organización sindical ha recordado que la legislación estatal sobre salud sexual y reproductiva "obliga" a las Comunidades Autónomas a crear este registro, a lo que se niega la Comunidad de Madrid alegando que podría suponer un estigma para los profesionales sanitarios.

A este respecto, UGT Madrid ha recordado que este registro es confidencial y de carácter organizativo y que su única finalidad es asegurar que el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo esté garantizado dentro del sistema sanitario público.

"Esta política expulsa la interrupción voluntaria del embarazo de la sanidad pública. La ausencia de este registro y la falta de organización de los servicios sanitarios han tenido como consecuencia que la práctica totalidad de las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen fuera de los hospitales públicos madrileños, trasladando la responsabilidad a centros privados y dejando a las mujeres expuestas a situaciones de presión social", ha insistido el sindicato.

Ante esta situación, desde UGT Madrid se reclama la creación inmediata del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, la garantía de que la interrupción voluntaria del embarazo se practique en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y la protección efectiva de las mujeres frente al acoso de grupos antiabortistas, así como la integración plena de la salud sexual y reproductiva dentro de la sanidad pública madrileña.

Para el sindicato, el derecho a decidir sobre la propia maternidad "no puede depender de la voluntad política de una administración ni de la externalización del servicio sanitario". "Garantizar el acceso al aborto en condiciones de seguridad, dignidad y dentro del sistema sanitario público es una obligación legal y democrática que la Comunidad de Madrid debe cumplir", ha zanjado.

DERECHO AL ABORTO GARANTIZADO EN LA COMUNIDAD

Desde la Comunidad de Madrid, por su parte, han insistido en que el derecho al aborto en la región está "garantizado". "Uno de cada cinco abortos que se hacen en España se realizan en la Comunidad de Madrid y uno de cada cinco son de fuera de la comunidad autónoma, con lo cual realmente las cifras son tozudas", ha remarcado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

En declaraciones a los medios en el Hospital Ramón y Cajal, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que "en la Comunidad de Madrid no se le deniega a nadie el aborto" y además se trabaja "para también que exista esa libertad de objeción de conciencia".

"Es un debate estéril, porque como digo, no se ha denegado el aborto en los supuestos legales a nadie y desde luego va a prevalecer el derecho a la objeción de conciencia de todos los profesionales sanitarios", ha remarcado la consejera tras presidir el acto de homenaje a los profesionales de Atención Primaria que se jubilaron el paso año.

La consejera ha recordado que el Ejecutivo regional ya ha avanzado que recurrirá la decisión del TSJM y ha subrayado que se trata de "una medida cautelar" que "no entra en el fondo" de la cuestión. "Nosotros vamos a cumplir siempre la ley y vamos a recurrir", ha insistido Matute, que ha indicado que "ya están todos los equipos legales trabajando con rigor técnico".

"Con la ley en la mano, yo voy a defender a mis compañeros", ha recalcado la consejera, que ha insistido en que la Comunidad de Madrid cumple con el aborto "en los derechos legales y desde luego en la libre objeción de conciencia". Al hilo, ha subrayado que el Ministerio de Sanidad de Mónica García debería de ocuparse "en problemas reales" como la huelga indefinida de médicos o la falta de recursos humanos.