MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Castilla y León ha superado a Cataluña como la Comunidad Autónoma española que más vehículos fabricó durante los cuatro primeros meses del presente ejercicio, según indicó el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Mario Armero.
Armero, que hizo estas declaraciones en el marco de la jornada 'Estrategia en la actividad ilegal en la reparación de vehículos' en Valladolid, afirmó que la comunidad castellana cerró los cuatro primeros meses del año con un total de 218.857 vehículos fabricados, lo que supone un crecimiento del 45%, que cuadruplica la tasa media nacional.
Esta Comunidad Autónoma cuenta con un total de cinco factorías de los grupos Renault, Nissan e Iveco, que ya han fabricado la mitad del volumen registrado durante el año pasado en Castilla y León. De esta forma, la región copa el 21% del total de vehículos fabricados en España, frente al 18% de Cataluña y al 15% de Galicia, que ocupa la tercera posición.
TALLERES ILEGALES.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) indicó, en el acto en el que participaron Anfac, Ganvam, la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León, que esta región concentra el 12% de las reparaciones ilegales que se realizan en toda España.
Estos datos reflejan la forma en que la competencia desleal, surgida por un consumidor muy sensible al precio y a un parque automovilístico muy envejecido, "agrava la ya de por sí difícil situación que atraviesan los talleres legalmente establecidos".
Ganvam explicó que los talleres han visto reducidos sus ingresos en los últimos años por la mayor antigüedad del parque, con una media de 11,6 años, lo que genera menos reparaciones y de menor importe. Además, indicó que la caída de las ventas también ha rebajado un 50% la cuota de los vehículos de menos de cinco años desde 2008, que son los más rentables para el centro de reparación.
Ante la proliferación de los talleres ilegales, Ganvam, Anfac y la Guardia Civil vienen colaborando de forma activa con el fin de acabar con esta práctica, logrando el cierre de unos 240 negocios clandestinos en el territorio nacional en los últimos dos años.
Desde Ganvam pidieron al Gobierno entrante que intensifique las actuaciones contra esta actividad ilegal, que, además de perjudicar el medio ambiente por la incorrecta gestión de residuos, deja desprotegido al consumidor y provoca una pérdida de recaudación de Hacienda de 240 millones de euros anuales en impuestos y a la Seguridad, de 112 millones de euros anuales en cotizaciones sociales.
"Nuestro principal objetivo es defender y proteger férreamente los intereses de los talleres que cumplen con todas las normativas. Esto es una caza de brujas. De lo que se trata es de que no haya impunidad frente a aquellos que operan al margen de las reglas del juego", añadió Sánchez Torres.
