SIDNEY, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Competencia y Consumidor de Australia (ACCC, por sus siglas en inglés) ha iniciado acciones judiciales contra el grupo automovilístico alemán Volkswagen por posible conducta equívoca o engañosa en relación con las emisiones de algunos de sus vehículos diésel.
Según el documento, la ACCC ha iniciado procedimientos judiciales en el Tribunal Federal de Australia contra la filial de Volkswagen en el país, denominada Volkswagen Group Australia, alegando que la empresa mantuvo una conducta engañosa e indujo a error al público en relación con las emisiones de algunos modelos diésel.
El organismo de Competencia de Australia indica que, entre 2011 y 2015, la compañía llevó a cabo una conducta engañosa al no revelar que había instalado un software que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en algunos vehículos diésel cuando eran objeto de pruebas de laboratorio.
Asimismo, asegura que esta conducta engañosa continuó cuando Volkswagen y su filial australiana aseguraban que sus modelos cumplían con la normativa europea y del país sobre emisiones, cuando en realidad no era así.
Además, la ACCC afirma que, utilizando información de la matriz, la filial en Australia comercializó los vehículos en el país como "respetuosos con el medio ambiente", de bajas emisiones y que cumplían con las normativas.
El presidente de la Comisión, Rod Sims, afirma que Volkswagen incurrió en "múltiples incumplimientos" de la Ley del Consumidor de Australia instalando dicho software en algunos de sus vehículos y engañando a los clientes sobre el cumplimiento legal de sus modelos.
"Los consumidores tienen derecho a esperar que las emisiones de sus vehículos sean las que se anuncian durante su uso en el día a día y alegamos que éste no era el caso con más de 57.000 vehículos vendidos en Australia por Volkswagen durante un período de cinco años", añade.
La organización subraya que el objetivo de estos procesos judiciales es obtener declaraciones por parte de la empresa, así como la imposición de sanciones económicas y la puesta en marcha de publicidad correctiva, entre otras acciones.
