MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles (Anfac) asegura que Faconauto, la patronal de los concesionarios, miente cuando asegura que los precios de los coches bajarán entre 400 y 500 euros con la nueva norma que regula la relación entre marcas y concesionarios.
Según Anfac, la nueva norma obligará a los fabricantes a afrontar nuevas y elevadas provisiones por indemnizaciones y devolución de 'stock', por importe de miles de millones de euros, lo que provocará un aumento de los precios que perjudicará al consumidor. Para la patronal de fabricantes, la nueva norma sólo beneficia a los propietarios de concesionarios, ni siquiera a sus empleados.
Además, los fabricantes consideran que con la nueva norma no tiene sentido el actual sistema de distribución, por lo que las marcas podrían asumir la comercialización de sus propios vehículos. También advierte de que la desconfianza de las casas matrices se traduciría en una pérdida de inversión, como consecuencia de la bajada de ventas y de producción en España.
Anfac niega punto por punto algunos de los argumentos ofrecidos por Faconauto. Así, en relación con la financiación de los 'stocks', asegura que "en muchas ocasiones" es el fabricante quien presta el capital al concesionario, y lo hace sin intereses.
Asimismo, recuerda que el 80% de las ventas de coches en el mercado nacional corresponden a marcas con fábricas en España, y niega que se ponga fin a una situación de inseguridad jurídica, pues la distribución de automóviles cuenta con un reglamento europeo y, en caso de diferencias en la resolución de los contratos, la decisión final corresponde al juez.
La organización que representa a los fabricantes subraya que los constructores asumen riesgos y costes relacionados con desarrollo y homologación de productos, producción, publicidad, promoción, marketing o garantías, entre otros.
Finalmente, tras subrayar que los concesionarios no tendrían clientela si ésta no buscara una marca, Anfac sostiene que la pérdida de 35.000 empleos en la distribución es consecuencia de la crisis, no del marco legal, y rechaza que la nueva norma proteja 150.000 puestos de trabajo, entre otras causas, porque dicha norma tiene carácter provisional.
