MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE descarta que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional para tratar de suprimir la nueva norma que regula la relación contractual entre marcas y concesionarios de coches y que ha sido incluida en la Ley de Economía Sostenible (LES) a través de una enmienda avalada por PP, CiU y PNV pese al voto en contra de los socialistas.
Fuentes socialistas han señalado a Europa Press que esta vía, que plantea la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles (Aniacam), supondría que el Gobierno llevase ante la justicia su propia Ley 'estrella' en materia económica, aunque sea por un aspecto determinado.
En cualquier caso, la organización que preside Germán López Madrid se ha puesto en contacto con los Ministerios de Industria, Justicia y Trabajo, así como con el Grupo Socialista en el Congreso, para estudiar las posibilidades de impugnar esta enmienda ante el Tribunal Constitucional.
En principio, la postura "oficial" del Gobierno, tal y como ha expresado este miércoles el ministro de Industria, Miguel Sebastián, pasa por cargar las culpas en el PP y CiU por su actitud "irresponsable y demagógica", que puede poner en riesgo a las factorías españolas, ya que los centros de decisión están fuera de España. "Si yo no entiendo esa enmienda, imagínese un japonés, un alemán o un francés", ha remarcado.
Para la patronal de los importadores, la nueva norma puede provocar que las marcas no firmen nuevos contratos de distribución y busquen alternativas como implantar filiales o sucursales. Además, Aniacam asegura que se desplazan costes hacia los fabricantes y se incrementan los gastos de distribución, lo que provocará una subida del precio de los vehículos.
"INICIATIVA PRECIPITADA"
La organización lamentó que una cuestión tan compleja se haya tramitado de forma "apresurada" mediante la incorporación de enmiendas en la última etapa del procedimiento legislativo. En este sentido, sostiene que la seguridad jurídica "ha quedado dañada por iniciativas precipitadas".
También asegura que, bajo los nuevos planteamientos normativos, se fija un marco rígido de actuación con disposiciones imperativas, que vienen a sustituir a los acuerdos que pudieran alcanzar las partes, esto es, los concesionarios y sus marcas.