MURCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
Anpe Murcia ha valorado positivamente el apoyo que va a suponer la Ley de Autoridad Docente para el trabajo diario de los docentes murcianos, argumentando, en este sentido, que "debe encontrar el término medio entre el autoritarismo que conocieron las generaciones anteriores y la actual tendencia a la relajación total, para que la permisividad sin control no degenere en impunidad".
El sindicato, que espera que su aprobación definitiva sea "antes de Navidad", considero que "debe otorgar a los profesores la presunción de veracidad frente a cualquier agresión injustificada que dificulte su labor y menoscabe su dignidad, proporcionándole los instrumentos necesarios para conseguir la disciplina que requiere la convivencia y el trabajo en las aulas".
"Pero la Ley no debe limitarse a articular una mejor protección legal para el profesor en el ejercicio de sus funciones, sino que necesita medios y compromiso social para recuperar el reconocimiento de su autoridad pedagógica y moral", incide.
En opinión de Anpe, "Necesita articular también otro tipo de medidas que deje en manos de los profesores las decisiones académicas, que dé cauce a más formación, a menor tamaño de las clases y a mayor respaldo de su tarea profesional".
Se reivindica así "no sólo la autoridad en el ámbito penal sino la autoridad magistral, vinculada con la presunción de veracidad en las decisiones académicas y en cualquier tipo de conflicto, con la recuperación de valores como el respeto, la disciplina o la responsabilidad, desde un sentido democrático ajeno a todo autoritarismo, puesto que no es el profesor el bien jurídico a proteger sino el servicio público de la educación".
El reconocimiento de la autoridad pública del docente en el ejercicio de su función modificará "positivamente" sus actuales condiciones de trabajo en los términos de autoridad pública, ya que "el profesor gozará de presunción de veracidad, teniendo que soportar el agresor la carga de la prueba".
Igualmente, "reforzará el carácter disuasorio de las conductas agresivas que deterioran la convivencia en los centros docentes, al poder calificar de atentado la agresión a un funcionario público con rango de autoridad, tipificado en los artículos 550 y 553 del Código Penal, además de que la Fiscalía puede perseguir de oficio la comisión de estos delitos".
Y contribuirá a garantizar "el derecho fundamental a la educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española y que puede verse violentado en casos de agresiones al profesorado", además de que "dará cumplimiento a la Ley Orgánica 2/2006, que establece que las Administraciones educativas están obligadas a velar para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia de la tarea que tiene encomendada por la sociedad".
También "facilitará la recuperación de valores como la disciplina, la responsabilidad o el esfuerzo, puesto que no es el profesor sino la educación el bien jurídico a proteger, reforzará el prestigio, la dignidad y el honor del profesor en el ejercicio de su función, contribuyendo así a conseguir una educación de calidad, mejorará la posibilidad de amparo que el profesor está obligado a dar al resto de la comunidad educativa y dotará al profesor de la protección especial que actualmente disponen otros funcionarios distintos a los que administran justicia o a los agentes uniformados".
