Arroyo ofrece la Oficina de Vivienda para alojar a las familias de la Guardia Civil y espacios municipales para traslada

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, junto a varios concejales del Gobierno municipal, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo en el Ayuntamiento con mandos de la Guardia Civil. En ella ha abordado soluciones ante el inminente desalojo de la casa cuartel de Cartagena por riesgo de derrumbe.

La situación afectará a más de 60 de familias de estos agentes, han informado fuentes del Gobierno municipal.

Después del encuentro, la alcaldesa ha destacado que el Ayuntamiento ofrece a la Guardia Civil las dependencias del Parque de Seguridad, donde tienen su sede Bomberos y Policía Local. Esto estará coordinado por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca.

Con esta gestión la Benemérita podrá establecer ahí su base de operaciones para seguir prestando su servicio. En este sentido, Arroyo ha avanzado que "probablemente la unidad de Tráfico de la Guardia Civil se va a trasladar a las instalaciones municipales ubicadas en la carretera de La Unión".

Además, ha indicado que tanto Salvamento Marítimo como la Autoridad Portuaria de Cartagena también están llevando a cabo ofrecimientos de este tipo a la Benemérita.

En cuanto a las familias, la alcaldesa ha manifestado que hay un total de 66 que hay que analizar si precisan de un hogar o disponen de segunda residencia.

Arroyo ha señalado que hay dos alternativas: "el primer escenario es la necesidad de recurrir a un alojamiento de emergencia. Que en caso de que sea necesario el Ayuntamiento pondrá en marcha los recursos municipales que dispone para atender a estas familias de forma temporal, dando prioridad a las que tengan más dificultades".

El segundo es que "a corto y medio plazo vamos a empezar una campaña de captación de alquileres a través de las agencias inmobiliarias", ha explicado Arroyo, quien ha indicado que "nos vamos a dirigir directamente a aquellos propietarios de viviendas en alquiler para ofrecerles la posibilidad de dar alojamiento a las familias de guardias civiles".

Arroyo ha pedido colaboración a agencias inmobiliarias y propietarios de inmuebles para ofrecer alojamiento a las familias de la Guardia Civil. El Ayuntamiento ejercerá de intermediario a través del servicio municipal de Vivienda.

Para ello, a partir de este jueves se habilita un teléfono para atender esta oferta de vivienda, la cual estará coordinada por el concejal Pablo Braqueháis. El número es el '670 425 474'.

Por último, la alcaldesa ha expuesto que va a pedir también una reunión con los responsables del Ministerio de Interior y de la Delegación del Gobierno en la Región para saber qué van a hacer ellos por los guardias civiles de Cartagena y sus familias. Si les va a sufragar los costes que les supone este realojo.

"Hace cuatro meses el delegado del Gobierno anunció una inversión de diez millones de euros para remodelar este mismo año el cuartel, pero no vemos ningún avance a una situación que venimos denunciando hace años desde el Ayuntamiento", ha criticado Arroyo.

La alcaldesa de la ciudad portuaria ha asegurado que el Ayuntamiento de Cartagena "no va a dejar tirados a los guardias civiles y a sus familias. Pondremos todos los recursos que tenemos en estos momentos a nuestro alcance para dar una solución".

ASOCIACIÓN JUCIL

Un gesto que han agradecido públicamente, a través de una nota de prensa, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), que ha criticado "la vergonzosa actitud del Ministerio que, en una prueba más de dejadez, obliga a otras administraciones públicas, como el Ayuntamiento cartagenero, a resolver un problema cuya competencia le corresponde a la Administración central"

El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, se reunió el martes con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien ha mostrado "la total disponibilidad de su equipo de gobierno para encontrar una solución adecuada y digna para todos los afectados".

"Una actitud colaborativa que contrasta con la mostrada hasta el momento por el Ministerio del Interior, que después de años de dejadez y de abandono, años de no atender los informes de los técnicos que señalaban el deterioro de unos edificios que sólo tienen sesenta años, ahora ha dejado a su suerte a familias, muchas de ellas con niños pequeños", ha manifestado el secretario general de JUCIL.