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CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)
La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este martes una proposición de ley del Partido Popular que incrementa un 3,8% la financiación de las plazas y servicios incluidos en los conciertos sociales y convenios destinados a personas mayores y personas con discapacidad.
La actualización tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y supondrá un incremento de financiación de más de siete millones de euros anuales.
La iniciativa, tramitada por el procedimiento de urgencia y mediante lectura única, contempla también una mejora de más de 340.000 euros en la financiación de programas desarrollados por nueve entidades sociales, así como la actualización del precio del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se situará en 20 euros por hora, IVA incluido, a partir del 1 de enero de 2027.
La diputada del PP Mari Carmen Pelegrín ha defendido que la aprobación de esta ley permitirá elevar al 18,73% el incremento acumulado de financiación de los servicios de dependencia durante la legislatura, mientras que en el ámbito de la discapacidad alcanzará el 25%.
Pelegrín ha destacado que estas mejoras forman parte del compromiso del Ejecutivo autonómico con el sistema de atención social y ha asegurado que "son datos y no relato, son datos que demuestran el esfuerzo casi en solitario del Gobierno de la Región de Murcia".
Asimismo, ha señalado que el Gobierno regional ha reducido un 41,3% el número de personas pendientes de valoración de dependencia durante el último año y en 61 días el tiempo medio para obtener el reconocimiento. Según ha indicado, actualmente se atiende a más de 60.000 personas y durante este ejercicio se han incorporado cerca de 5.000 nuevos beneficiarios.
La parlamentaria 'popular' también ha avanzado la creación de más de 670 nuevas plazas para personas con discapacidad y cerca de un millar para mayores, una ampliación que, según sus previsiones, permitirá reducir considerablemente las listas de espera.
Desde el PSOE, la diputada Toñi Abenza ha justificado el voto favorable de su grupo por la necesidad de garantizar la financiación de las entidades sociales, aunque ha criticado que el Gobierno regional haya esperado hasta noviembre para aprobar una actualización que tendrá efectos desde enero.
Abenza ha denunciado que las organizaciones llevan meses reclamando una revisión de los importes de los conciertos y convenios para adaptarlos a los costes reales de prestación de los servicios.
"Nuestro voto favorable no es un respaldo a esta gestión nefasta de la política social que ustedes vienen practicando desde hace décadas", ha afirmado la parlamentaria, quien ha insistido en que la actualización debería haberse aprobado a comienzos del ejercicio.
La diputada socialista ha reclamado que los incrementos se abonen cuanto antes y que el Ejecutivo autonómico establezca mecanismos de revisión periódica para evitar que las entidades tengan que afrontar cada año retrasos en la financiación.
Por su parte, la diputada de Vox María José Ruiz ha anunciado el respaldo de su formación a la proposición de ley, aunque ha cuestionado la planificación del Gobierno regional y los criterios utilizados para determinar el incremento.
Ruiz ha recordado que la iniciativa se registró el pasado 20 de octubre, pese a que sus efectos económicos se remontan al 1 de enero, y ha pedido explicaciones sobre los motivos por los que no se tramitó antes. También ha solicitado que el Ejecutivo justifique por qué ha establecido una subida del 3,8% y no otra cuantía, teniendo en cuenta las diferencias de costes entre los distintos servicios.
"Vox votará a favor de esta proposición y al Partido Popular le exigimos que dé una fecha para abonar las diferencias, justifique las tarifas y prepare la próxima actualización a tiempo para que las entidades puedan organizar el año desde enero", ha señalado.
La parlamentaria ha criticado igualmente los plazos de las ayudas destinadas a personas mayores y con discapacidad, al asegurar que determinadas prestaciones correspondientes a 2026 no se abonarán hasta 2027.
La diputada Virginia Martínez, integrante del Grupo Mixto, ha cuestionado que el Gobierno regional recurra nuevamente a una proposición de ley urgente para actualizar la financiación de los servicios sociales, en lugar de haber previsto estas necesidades mediante los mecanismos presupuestarios ordinarios.
"¿Ustedes gobiernan la Región de Murcia o se limitan a improvisar soluciones para los problemas que no han sabido resolver?", ha preguntado Martínez, quien ha criticado que la Comunidad Autónoma continúe sin presupuestos para 2026.
La parlamentaria considera necesaria la actualización de los conciertos y convenios, pero ha advertido de que las entidades del tercer sector necesitan estabilidad financiera y no depender de modificaciones legislativas aprobadas cuando el ejercicio está próximo a finalizar.
Por su parte, María Marín, diputada de Podemos-IU-AV, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, ha considerado insuficiente la subida del 3,8% al sostener que no permite compensar el incremento de los costes.
"La primera valoración que queremos hacer desde nuestro grupo parlamentario es que esta proposición de ley, el incremento que propone, ya se ha quedado absolutamente desfasado", ha afirmado Marín.
Marín ha señalado que la Región de Murcia necesitaría más de 7.500 plazas residenciales adicionales para mayores para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada cien personas mayores, según los datos que ha atribuido a la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Asimismo, ha cuestionado el modelo de atención residencial de la Comunidad Autónoma, al considerar que existe una excesiva dependencia de grandes operadores privados y que la actualización de las tarifas no resuelve los problemas estructurales del sistema.
