La Asamblea reclama una auditoría integral de las presas del Segura para conocer su estado de seguridad

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este martes, con los votos favorables de PP y Vox una moción del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Gobierno de España una auditoría integral de seguridad, explotación, mantenimiento e inversión en las presas de la cuenca del Segura, así como un plan plurianual que establezca las actuaciones prioritarias.

El diputado del PP Jesús Cano ha reclamado un diagnóstico individualizado de las infraestructuras hidráulicas que permita conocer cuándo se realizó la última revisión de seguridad de cada presa, qué deficiencias siguen pendientes y cuántos planes de emergencia están aprobados e implantados.

"Hoy no queremos una nota de prensa, no queremos una cifra global, no queremos que nos enseñen un expediente de contratación y basta", ha afirmado Cano, quien ha insistido en que su grupo quiere conocer la situación de cada infraestructura.

En este sentido, ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha licitado un contrato de casi siete millones de euros para revisar la seguridad de 29 grandes presas y 11 balsas, así como elaborar, actualizar e implantar sus planes de emergencia. Sin embargo, ha advertido de que el plazo de ejecución es de 24 meses, por lo que los trabajos podrían prolongarse hasta 2028.

Por su parte, el diputado socialista Fernando Moreno ha rechazado la moción al considerar que supone duplicar los procedimientos técnicos que ya desarrolla la CHS. "No vamos a ayudar a convertir una cuestión tan seria como la protección frente a las inundaciones en una herramienta de confrontación política", ha manifestado.

Moreno ha recordado que, además del contrato de casi siete millones, el Ministerio ha adjudicado 1,7 millones para el mantenimiento de siete presas y ha ampliado las actuaciones a otras cinco por valor de 1,5 millones. "Lo que protege a nuestros ciudadanos son infraestructuras ejecutadas, bien mantenidas y funcionando correctamente", ha señalado el socialista, que ha defendido acelerar las inversiones y los proyectos hidráulicos ya previstos.

Desde el Grupo Mixto, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde María Marín ha cuestionado que el PP reclame mayores garantías de seguridad para las presas mientras, según ha denunciado, el Ejecutivo autonómico promueve medidas urbanísticas que facilitan la construcción en zonas inundables. Mientras que el también diputado del Grupo Mixto José Ángel Antelo ha asegurado que, durante su etapa al frente de las competencias regionales de Emergencias, los servicios de Protección Civil ya le trasladaron su preocupación por el estado de estas infraestructuras.

Otra de las iniciativas aprobadas ha sido la moción socialista para impulsar la declaración del Valle de Ricote como Bien de Interés Cultural (BIC) y promover su inclusión en la Lista Indicativa española, paso previo necesario para una futura candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La diputada socialista Lola Jara ha defendido la singularidad histórica, cultural y paisajística del valle y ha asegurado que su reconocimiento internacional permitiría atraer inversiones destinadas a la conservación de su patrimonio y fomentar el turismo sostenible.

"No podemos desaprovechar la oportunidad de situar este tesoro que tenemos en el lugar que le corresponde y aspirar a que sea declarado Bien de Interés Cultural primero y después reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad", ha manifestado. Jara ha aceptado incorporar medidas destinadas a elaborar un plan de ordenación del patrimonio cultural y evitar que las nuevas figuras de protección supongan cargas económicas injustificadas para los propietarios.

Desde el Grupo Mixto, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde María Marín ha reclamado que el Ejecutivo autonómico elabore "de una vez un plan de ordenación del patrimonio cultural del Valle en la categoría de Paisaje Cultural" y ha pedido ayudas para garantizar el relevo generacional en las explotaciones agrícolas y conservar los sistemas tradicionales de regadío.

Por su parte, el diputado popular Jesús Cano ha respaldado la iniciativa, aunque ha defendido que cualquier declaración debe estudiarse con rigor y adaptarse a las características de los distintos elementos patrimoniales.

"Conservar no significa congelar, conservar significa proteger nuestros valores, pero permitiendo que el territorio siga vivo", ha señalado Cano, que también ha destacado el trabajo del Gobierno regional para impulsar la candidatura del Valle de Ricote como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

Vox ha justificado su abstención por considerar que la iniciativa necesita mayores garantías económicas y jurídicas para los propietarios. Su diputado Pascual Salvador ha defendido que "no sería razonable que las administraciones se pusieran medallas por proteger el patrimonio mientras los propietarios de huertos, los agricultores, los regantes o los vecinos tuvieran que asumir en solitario el coste de conservarlo".

El Pleno también ha rechazado una moción de Vox para reformar la Renta Básica de Inserción y endurecer los requisitos de acceso a esta prestación. La diputada de Vox María José Ruiz ha defendido que las ayudas deben dirigirse prioritariamente a personas con residencia legal y arraigo acreditado.

"Nuestra moción es clara, solo pedimos dos cosas: que la ayuda la reciba quien tiene residencia legal y arraigo histórico y que se cierre la puerta de atrás del artículo 8.2.b", ha afirmado. La propuesta contemplaba suprimir una de las excepciones recogidas en el reglamento de la prestación, que permite acceder a ella en determinadas circunstancias sin cumplir el requisito general de residencia continuada.

El socialista Pedro López ha advertido de que eliminar esta excepción podría dejar fuera del sistema a colectivos especialmente vulnerables, como las personas sin hogar, las víctimas de violencia de género o las familias con menores en situación de riesgo. Desde el PP, Miguel Ángel Miralles ha cuestionado la propuesta de Vox por considerar que no concreta suficientemente los nuevos requisitos y ha planteado qué ocurriría con una familia vulnerable que careciera de una trayectoria previa de cotización.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha recordado que la normativa ya establece requisitos de residencia para acceder a la prestación y ha defendido su complementariedad con el ingreso mínimo vital.

En materia educativa, el PSOE ha retirado su moción para crear un mapa de necesidades de Formación Profesional tras las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. El socialista Juan Andrés Torres ha denunciado que el Gobierno regional impide acceder a determinados programas de FP a alumnos con necesidades educativas especiales mayores de 19 años, lo que ha calificado de "auténtico escándalo".

Además, ha reclamado un plan plurianual de creación de plazas públicas. Por su parte, el popular Carlos Albaladejo ha defendido que la oferta de FP ha crecido un 30% en cinco años y alcanzará las 50.000 plazas al finalizar la legislatura, al tiempo que ha exigido al Ministerio que aclare la normativa sobre los límites de edad.

Vox ha propuesto una estrategia regional de planificación de la FP que contemple las necesidades de profesorado y la empleabilidad de los titulados. Su diputado Rubén Martínez ha advertido de que "es irresponsable anunciar la creación de nuevos ciclos formativos si luego no tenemos a los docentes para impartirlos" y ha reclamado adaptar la oferta educativa a las necesidades del tejido productivo.

Por otra parte, el debate de la moción del Grupo Mixto sobre la defensa de la soberanía y la integridad territorial de España ha quedado suspendido hasta que se resuelva la solicitud de reconsideración presentada por Vox.