La Comunidad eleva a 9.000 las plazas gratuitas de 0 a 3 años para el presente curso escolar

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha incrementado hasta las 9.000 la oferta de plazas gratuitas en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) para el curso 2026/2027, lo que supone un incremento del 1.400% en comparación con el curso 2022/2023, cuando se disponía de 600 plazas, según ha informado la Comunidad.

El consejero del ramo, Víctor Marín, ha visitado este martes la Escuela Murciana de Primera Infancia (EMPI), acompañado por el presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), Juan Antonio Pedreño; el presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de la Región de Murcia (CECE Murcia), Pablo Molina-Niñirola; y la presidenta de la Asociación de Centros de Educación Infantil (Aceimur), Mariola Carrillo, con motivo del inicio del curso escolar.

Marín ha calificado de "histórico" el aumento de la oferta, estructurada en centros públicos, concertados, escuelas infantiles municipales y privadas, con el objetivo de "universalizar esta etapa educativa, ofrecer más servicios gratuitos a las familias y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar".

El incremento de plazas gratuitas se ha realizado tanto en centros sostenidos con fondos públicos de la Región --públicos y concertados-- como en escuelas infantiles de la Comunidad Autónoma, escuelas infantiles municipales y escuelas infantiles privadas.

RECHAZO A LA PROPUESTA DEL MINISTERIO

El consejero ha rechazado además la propuesta del Ministerio para la nueva regulación de la educación infantil de 0-3 años al considerar que "no podemos aceptar iniciativas que no cuenten con una memoria económica, sin la transferencia a las comunidades de la financiación suficiente, y que pongan en riesgo los avances en la educación 0-3 consolidados por el Ejecutivo regional".

En este sentido, ha explicado que el Real Decreto propuesto por el Ejecutivo central "obliga, por una parte, a la implantación completa del primer ciclo de Educación Infantil, algo que no es viable por carecer de espacio y que incluso obligaría, de aprobarse esta norma, a cerrar las aulas de 2 años ya abiertas".

Por otro lado, la normativa plantea "la reducción de ratio en primer ciclo de Educación Infantil, que supondría un incremento de gasto inasumible para los centros públicos y privados". Según el Marín, estos últimos son "empresas que dan empleo a miles de personas y servicio a multitud de familias, que no tendrían capacidad económica de asumir estas medidas, lo que supondría un perjuicio para la libertad de elección de las familias".