La Comunidad estudia recurrir parte del nuevo Plan estatal de Vivienda en base al dictamen del Consejo de Estado

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo regional estudia recurrir parte del nuevo Plan estatal de Vivienda 2026-2030 en base al dictamen del Consejo de Estado, que advierte de que "la obligación de cofinanciación impuesta por el Gobierno central puede suponer una injerencia excesiva en las competencias autonómicas", según ha informado la Comunidad.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, lo ha hecho saber durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda, convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y celebrada este jueves en Madrid.

García Montoro ha mostrado su desacuerdo tanto "en el fondo como en la forma" del nuevo plan estatal aprobado por el Consejo de Ministros, "que exige más gasto a las comunidades para imponer unas medidas fallidas al tiempo que limita su autonomía, precisamente en un momento en el que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles".

"Estamos de acuerdo con el reparto del 4,4 por ciento de los fondos del plan, que corresponde a la Región de Murcia, pero es del todo desproporcionado que pasemos a cofinanciar de un 20 a un 40 por ciento", ha criticado el responsable regional.

Ha calificado esta "imposición" de "un nuevo yo invito y tú pagas, al multiplicar exponencialmente la aportación autonómica, con la peor infrafinanciación autonómica que padecemos, y cargando ese sobrecoste sobre los ciudadanos de la Región de Murcia, que recordemos que ya pagan con sus impuestos la parte estatal".

Asimismo, ha reprochado la "tardanza y falta de transparencia" del Ministerio porque "el texto definitivo aprobado en Consejo de Ministros no lo hemos conocido con anterioridad, con lo que el Ministerio ha vuelto a actuar de forma unilateral, apurando los plazos con un plan que llega con más de un año de retraso y que convierte 2026 en un año prácticamente perdido para la aplicación efectiva de las medidas, para después responsabilizar a las comunidades de cualquier demora en su puesta en marcha".

Además, el consejero ha advertido de que el nuevo plan "intenta imponer la obligatoriedad de la protección permanente de la vivienda, pese a que el Tribunal Constitucional ya cuestionó este extremo con motivo de los recursos contra la Ley de Vivienda".

García Montoro ha explicado que el propio dictamen del Consejo de Estado señala que la mayoría de normativas autonómicas establecen plazos amplios de protección, pero no permanentes, "por lo que esta exigencia obligaría a modificar legislaciones autonómicas y podría retrasar la ejecución de los convenios y de las actuaciones previstas".

"El nuevo plan limita la capacidad de gestión de las autonomías al imponer programas uniformes sin atender las necesidades específicas de cada región", ha denunciado el consejero, quien ha manifestado a su vez que "las comunidades debemos tener margen para priorizar las actuaciones que mejor respondan a su realidad social y territorial, y este documento va en la dirección contraria, con un marcado carácter intervencionista".

Además, ha añadido que "el Gobierno central "ha convertido este plan en una oportunidad perdida para impulsar medidas útiles que aumenten la oferta de vivienda y faciliten el acceso de jóvenes y familias de rentas medias".

García Montoro ha censurado que el Ministerio condicione la transferencia de fondos a requisitos de publicidad institucional y organización de actos públicos.

"Es inaceptable supeditar la llegada de recursos a exigencias propagandísticas. Esa utilización partidista de un plan público demuestra que se antepone el autobombo político a la eficacia en la gestión de la vivienda", ha asegurado.