CARTAGENA (MURCIA), 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea Regional remitirá a la fiscalía las conclusiones adoptadas tras la comisión de investigación de la desaladora de Escombreras. La Cámara ha aprobado este jueves solo con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos el dictamen de la comisión en el que se concluye la necesidad de trasladar las conclusiones al Consejo de Gobierno, al Ministerio Fiscal y al Tribunal de Cuentas por si pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad contable.
Dicho dictamen también contempla propuestas como que la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente estudie la viabilidad técnica y financiera de la desaladora. Durante los trabajos de la comisión, los grupos consideran que "existen indicios" que muestran que la desaladora es viable a nivel técnico y que puede alcanzar costes de operación y mantenimiento que son compatibles con los precios para el agua desalada dentro de los márgenes del mercado actual.
No obstante, la comisión piensa que se debería completar el proyecto y proceder a la construcción de una nueva toma de agua fuera de la dársena, piden que se revisen los contratos de mantenimiento con Tedagua y se renegocien a la baja o se rescindan "al menor coste posible".
Asimismo, piden al Consejo de Gobierno que proceda a la liquidación de la empresa pública Desaladora de Escombreras, de acuerdo con lo que solicitaron los servicios jurídicos, la intervención de la Comunidad y el Tribunal de Cuentas.
Las propuestas contemplan, además, que se pongan en marcha los trámites necesarios para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Segura que el agua que produce la desaladora se destine fundamentalmente a usos agrícolas.
Entre las conclusiones que se desprenden de la comisión de investigación destaca que la construcción y puesta en marcha de esta infraestructura está implicada en una trama empresarial público-privada ideada por el expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá a fin de recalificar más de 180 millones de metros cuadrados de suelo para construir 250.000 viviendas en los 45 municipios de la Región.
Según ha explicado el presidente de la comisión, Miguel Sánchez, se constituyó el Ente Público del Agua para "sortear de forma ilegal" la Ley de Aguas, mediante la que la Confederación Hidrográfica debe elaborar un informe sobre la disponibilidad de agua para abastecimientos en nuevos desarrollos.
Destacan que se firmaron contratos comprometiendo a los municipios una cantidad de agua tres veces superior a la que podía producir la planta. "Valcárcel y Cerdá conocían de la ilegalidad de los 26 convenios de abastecimiento", apunta el dictamen.
Se considera que hubo una "trama" de empresas que parte del Grupo Cobra y que realizaron contratos entre sí y que el diseño de la trama contractual se dirigió desde la Consejería de Agricultura, de la que estaba al cargo el consejero Cerdá.
La comisión aprecia una "evidente" responsabilidad política, económica y social ocasionada al erario público por parte de Valcárcel, Cerdá y el resto de los miembros de Gobierno que tomaron parte de las decisiones.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular se ha opuesto en la votación del dictamen al entender que las conclusiones "ya estaban escritas desde el inicio". Los populares piensan que lo que recoge el informe que se ha aprobado por la Asamblea "nada tiene que ver" con la realidad porque, según insisten, la desaladora no ha costado 600 millones de euros, "se ha desmontado ese mantra, ni existe entramado y se ha demostrado que su construcción estaba justificada".
