CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)
La consejera de Empresa, María Isabel López, ha negado que el Gobierno regional se haya opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y ha defendido que las alegaciones presentadas al real decreto se han limitado a cuestionar "cómo se pretende aplicar" por razones de "legalidad", de respeto a la negociación colectiva y de adecuación a la normativa europea.
Así lo ha sostenido la consejera durante el Pleno de la Asamblea Regional, en respuesta a una pregunta oral de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Virginia Lopo, quien ha afeado al Ejecutivo autonómico que haya presentado alegaciones al real decreto sobre el SMI y le ha preguntado "cuáles son los motivos por los que el Gobierno regional se opone a la subida del salario mínimo interprofesional".
En su primera intervención, López ha rechazado esa premisa y ha asegurado que "no es cierto que nos opongamos a la subida del salario mínimo interprofesional". "Nosotros hemos formulado alegaciones al anteproyecto de real decreto por el que se regulan las reglas de aplicación del salario mínimo interprofesional, y eso, señora, no es oponerse a la subida al salario mínimo interprofesional; eso es defender que las cosas se hagan conforme a la legalidad", ha afirmado.
La consejera ha argumentado que el texto estatal "introduce vía reglamento cambios que afectan a normas con rango de ley", en concreto al Estatuto de los Trabajadores, y ha advertido de que "no se puede alterar elementos esenciales del salario mínimo interprofesional mediante reglamento porque el marco que lo fija es el Estatuto de los Trabajadores y eso es una ley". Asimismo, ha criticado que el anteproyecto "ignora aspectos esenciales de la normativa europea, especialmente en materia de contratación", al exigir a las empresas el cumplimiento del SMI mientras, a su juicio, "la propia Administración no garantiza ese mismo cumplimiento en sus contratos y subcontratas".
Además, ha censurado que el Gobierno central pretenda "imponer revisiones automáticas del salario mínimo interprofesional únicamente ligándolo al IPC", dejando fuera "otras variables que son importantes, como es el poder adquisitivo real o la evolución de los salarios". Con ello, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico no ha combatido el incremento del SMI, sino el instrumento jurídico escogido para regularlo.
La diputada socialista Virginia Lopo, sin embargo, ha acusado al Partido Popular de haberse opuesto "siempre" a la subida del SMI y de haber traspasado ahora "la línea roja" al hacerlo "desde el Gobierno regional". "A usted no le preocupa que haya un 44% de trabajadores pobres, que son los padres de casi la mitad de los niños que son pobres, y usted está ahora poniendo palos en la rueda al salario mínimo interprofesional", ha denunciado.
Otro de los debates del Pleno ha girado en torno al futuro del trasvase Tajo-Segura. El diputado de Vox Antonio Martínez ha preguntado a la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, por la estrategia del Gobierno regional ante el "nuevo ciclo de planificación hidrológica que consolida el cierre del trasvase y solamente deja la alternativa de la desalación".
Rubira ha asegurado que el Ejecutivo murciano ya ha presentado alegaciones al esquema de temas importantes y ha dejado claro que "el Gobierno regional no comparte para nada las decisiones que está tomando el Gobierno de Pedro Sánchez", al tiempo que ha reiterado su oposición a "los caudales ecológicos que se han fijado para recortar el trasvase". La consejera ha recalcado que "el trasvase Tajo-Segura es una infraestructura irrenunciable" y ha advertido de que el Gobierno central "nos quiere condenar al uso del agua desalada", que "es más cara y además no llega a todos los lugares".
En materia turística, la consejera de Turismo ha realizado un balance muy positivo de la Semana Santa en la Región de Murcia. Según ha expuesto, entre el 2 y el 5 de abril la ocupación hotelera media en Murcia, Cartagena y Lorca ha alcanzado el 92%, con un 92% en la capital, un 94% en Cartagena y un 100% en Lorca. También ha destacado el comportamiento de la Costa Cálida y el Mar Menor, con una ocupación del 90%, así como el 97% registrado en los balnearios de Archena y Fortuna. La consejera ha subrayado que estos datos "están reforzando que estas políticas de promoción y difusión" impulsadas por el Gobierno regional "están dejando este buen posicionamiento".
El Pleno también ha abordado la situación del Cine Rex de Murcia. La diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha denunciado que la venta del inmueble al Grupo Orenes forma parte de "un pelotazo" y ha acusado al Gobierno regional de haber atacado al patrimonio cultural. En respuesta, la consejera de Cultura ha replicado que el Cine Rex "cuenta con la protección que le corresponde", basada "en los informes técnicos y en la ley", y ha defendido que el Ejecutivo actuará "siempre de la mano del rigor jurídico y de la seguridad jurídica".
Por otro lado, el consejero de Educación, Víctor Marín, ha justificado los requisitos de la convocatoria de ayudas asistenciales de comedor escolar para el curso 2026-2027 por "las cuantías consignadas en el presupuesto y en virtud de la capacidad presupuestaria que actualmente tiene la Consejería de Educación". Frente a las críticas del diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos por mantener congelado el umbral de renta, Marín ha defendido que en esta legislatura se han abierto "más de 300 comedores" en colegios públicos, que la inversión en becas de comedor ha crecido y que el umbral de renta "se ha subido un 20% en los dos últimos años".
En sanidad, la diputada socialista María Dolores Martínez Pay ha reclamado garantías de que el nuevo Centro de Salud Este de Molina de Segura cuente desde su apertura con las especialidades previstas y con personal de nueva contratación. El consejero de Salud ha respondido que el centro ya presta atención especializada y que, aunque la incorporación se ha planificado "en diferentes fases", ya se han puesto en marcha especialidades como cardiología, urología, oftalmología, oncología, neurología, neumología y traumatología. También ha admitido las dificultades derivadas de la falta de médicos de familia en España, pero ha defendido que el nuevo dispositivo mejorará la accesibilidad para una población de cerca de 140.000 personas.