A partir del 1 de agosto se aplicarán las medidas de endurecimiento de las sanciones y de impulso y profundización de control
MURCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, ha recordado que hasta el 31 de julio está en vigor el Real Decreto-Ley de Medidas para la Regularización y Control del Empleo Sumergido y Fomento de la Rehabilitación de la Vivienda, según han informado fuentes de la Delegación en un comunicado de prensa.
Así, a partir del 1 de agosto son de aplicación las medidas destinadas a combatir el trabajo no declarado, incluidas en el capítulo II de aquél.
En este momento, y hasta el citado 31 de julio, existe un período voluntario para la regularización de trabajadores con empleo irregular.
Los distintos aspectos relacionados con esta norma están siendo explicados estos días por la Delegación del Gobierno a través de reuniones concertadas con el presidente del Colegio de Graduados Sociales y realizadas en Murcia y Cartagena, para que estos profesionales puedan informar sobre aquélla a las personas interesadas en acogerse a este proceso.
González Tovar ha añadido que, en líneas generales, el Plan "encuentra su fundamento en los efectos negativos del empleo sumergido o no declarado para el mercado de trabajo, por la competencia desleal que tales situaciones generan respecto de la gran mayoría de las empresas españolas que actúan en el marco de la legalidad común, así como por la situación desprotección social de los trabajadores. Además, dificulta las posibilidades de recuperación económica y de logro de los objetivos nacionales de reducción del déficit público".
COMABTIR EMPLEO SUMERGIDO
Por su parte, el Plan tiene su origen en la convicción de que el mismo es un beneficio para las empresas que cumplen con la ley y para los trabajadores, que así tienen derechos sociales. Además, la situación económica del país "hace necesaria y urgente una profundización de políticas públicas para combatir con mayor intensidad y eficacia estas prácticas injustas de empleo sumergido".
En el Plan se articulan medidas de distinta naturaleza dirigidas a propiciar el afloramiento del trabajo no declarado, para restablecer los equilibrios y eliminar los perjuicios señalados.
Pretende también "recuperar y mejorar el nivel de justicia y solidaridad social en nuestro mercado de trabajo y en la economía española, al tiempo que potenciar los mecanismos de control como instrumentos de disuasión y de reacción frente a la ocultación y precarización de las relaciones laborales".
Concretamente, las medidas legislativas urgentes incluidas en el Real Decreto-Ley, parten de la apertura de un proceso de regularización voluntaria del empleo irregular de trabajadores que, como se ha indicado, va desde el pasado 7 de mayo hasta el 31 de julio.
Durante este proceso las empresas que decidan acogerse voluntariamente, deberán proceder a comunicar el alta de los trabajadores en la Seguridad Social, dentro del plazo señalado, así como a manifestar en el contrato que se acogen al Plan.
SANCIONES MÁS DURAS
Transcurrido el plazo del proceso de regularización voluntaria, la norma establece un endurecimiento de las sanciones administrativas relacionadas con las conductas fraudulentas de empleo irregular o sumergido en sus distintas variantes o modalidades. Así, incumplir la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social conlleva multas desde 3.126 euros a los 10.000.
Por su parte, compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones de desempleo y otras de Seguridad Social incompatibles acarreará multas de 10.001 hasta los 187.515 euros.
Igualmente, este Plan comprende la intensificación de la actividad y eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años.
Con objeto de alcanzar los objetivos perseguidos, y de incrementar la conciencia social contra el fraude a la Seguridad Social que supone el empleo irregular, el Plan incluye también la realización de campañas de sensibilización pública.
Estas medidas pretenden combatir con carácter extraordinario y urgente el fenómeno del empleo irregular, como uno de los elementos de la economía sumergida más perjudiciales para la consecución de un crecimiento económico capaz de generar empleo de calidad, competencia empresarial, reequilibrio de las cuentas públicas, protección social de los trabajadores y justicia y solidaridad.
