Detenidas diez personas en Murcia, Burgos y Almería por manipular tacógrafos digitales

MURCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de una operación desarrollada en las provincias de Burgos, Murcia y Sevilla, a diez personas e investigado a otras cinco por su presunta implicación en una organización delictiva dedicada a la manipulación de tacógrafos digitales, informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La organización, entre cuyos miembros se encontraban transportistas, manipulaba y vendía los tacógrafos digitales para que los conductores pudieran conducir sin cumplir la normativa europea de tiempos de conducción y descansos.

En concreto, se han realizado tres entradas y registros en domicilios particulares en localidades de Burgos, Sevilla y Murcia, así como otras tres en talleres de vehículos industriales que servían como colaboradores en la manipulación de los tacógrafos. En estos se ha intervenido numerosos efectos y documentación y una gran cantidad de dinero en metálico.

La operación policial se inició por una información de EUROPOL, debido a que la organización estaba ubicada en diferentes países europeos.

La organización manipulaba el tacógrafo digital mediante la modificación del software, ofreciendo al transportista la posibilidad de conducir sin que cuenten las horas de conducción ni los kilómetros recorridos, vulnerando así la legislación comunitaria vigente.

De esta forma, si eran parados en una inspección en carretera y trasladados a un centro técnico, al objeto de comprobar el tacógrafo, no se detectaba su manipulación.

Este tipo de aparatos se encuentran instalados en los vehículos que tienen un peso superior a 3,5 toneladas o que puedan transportar a nueve personas o más.

Con este fraude, cuando los agentes realizan una inspección se obtiene como resultado la creación de un documento que induce a error sobre su autenticidad, al reflejar unos datos falsos de registro relativos a los tiempos de conducción, descanso, disponibilidad, otros trabajos, velocidad y distancia recorrida, con el consiguiente peligro para la seguridad vial, además de la competencia desleal para el resto del sector.

Desde la Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 15 de enero de 2020 y la instrucción de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, la manipulación de este tipo de aparatos se castiga como un delito de falsificación en documento oficial, además de la posibilidad de investigación de la empresa que los tiene instalados en sus vehículos, pudiendo ser investigada por un posible delito contra los derechos de los trabajadores.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Investigación y Análisis (G.I.A.T. Central), de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y ha intervenido personal de las Comandancias afectadas --Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y SEPRONA-- y del Servicio Cinológico especialistas en detección de papel moneda.