El Gobierno regional celebra que el Supremo permita cortar los suministros a los okupas sin responsabilidad penal

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional celebra que la reciente sentencia del Tribunal Supremo abra la puerta a que los propietarios puedan dar de baja los suministros de agua y electricidad en viviendas ocupadas ilegalmente sin incurrir en un delito de coacciones.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha destacado que "esta resolución judicial supone un paso importante para acabar con la impunidad de quienes ocupan ilegalmente una vivienda y refuerza la seguridad jurídica de los propietarios", según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, ha insistido en que "las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular venimos reclamando al Gobierno central que endurezca la legislación frente a la okupación y la inquiokupación, porque no puede seguir protegiéndose más al que incumple la ley que al propietario que la respeta".

En este sentido, García Montoro ha afirmado que "la situación actual deja en una clara situación de indefensión a los propietarios, que no solo ven ocupada ilegalmente su vivienda, sino que, además, se ven obligados a asumir el coste de unos suministros de los que se benefician quienes la ocupan de forma ilegal".

"Esperamos que este pronunciamiento del Tribunal Supremo marque el inicio de la recuperación de la confianza y la seguridad jurídica en torno al derecho a la propiedad privada y obligue al Gobierno central a asumir el denominado 'escudo social' que, hasta ahora, han venido soportando injustamente los propietarios pagando de su bolsillo estos suministros", ha añadido el consejero.

INICIATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL

"El Gobierno regional mantiene una estrategia de tolerancia cero frente a la okupación, porque defender el derecho a la propiedad es defender también la convivencia y la seguridad jurídica", ha destacado el responsable regional que ha señalado que la Región de Murcia fue pionera en la puesta en marcha de un servicio específico de atención a los afectados por la ocupación ilegal de viviendas que desde 2021 presta a los afectados información y orientación jurídica básica gratuita.

Además, aprobó la Ley 3/2022, de 24 de mayo, por la que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de viviendas en la Región de Murcia, en el ámbito de sus competencias.

"Seguiremos impulsando todas las medidas que estén a nuestro alcance para proteger a los propietarios y combatir la okupación y la inquiokupación, al tiempo que reclamamos al Gobierno central las reformas legales que todavía siguen siendo necesarias para erradicar este problema", ha señalado García Montoro.