IU-Verdes de Murcia denuncia que los teleoperadores del 092 trabajan de forma "precaria y vulneran sus derechos"

MURCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha denunciado públicamente que la empresa subcontratada por el Consistorio para gestionar el servicio de teleoperación de la Sala del 092 de la Policía Local está "vulnerando gravemente" los derechos de sus trabajadores, con condiciones laborales "precarias" y "represalias" contra los empleados que defienden sus derechos y que han derivado, incluso, en "despidos arbitrarios".

En concreto, la concejala de IU-Verdes critica que la empresa encargada de la subcontrata, Ferroser, "no está cumpliendo las condiciones laborales pactadas en el pliego establecido por el Ayuntamiento, puesto que no respeta las condiciones salariales, impone jornadas superiores a las legalmente establecidas y no respeta los descansos legalmente establecidos".

Asimismo, ha criticado el criterio de "selección de personal y los despidos", ya que la empresa "tampoco cumple con el convenio de 'call centers' que afecta a los teleoperadores, y que obligaba a mantener el 90 por ciento del personal de la anterior contrata en la empresa, y sólo mantiene el 80 por ciento".

Por todo ello, IU-Verdes va a presentar una moción en el Pleno pidiendo al Ayuntamiento "que no mire a otro lado, que sepa a quién contrata y se haga responsable de ello". Asimismo, va a pedir al Consistorio que, si esas condiciones no se cumplen, que las revise "y que rescinda el contrato".

De hecho, Herguedas considera que, en este caso, la Ley ampara la rescisión del contrato y que se convoque un nuevo proceso en el que "se respete y se primen el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores, que no tienen que ser los que paguen la crisis".

"OFERTA ECONÓMICA A LA BAJA"

La concejala ha señalado que la empresa en cuestión, Ferroser, pertenece al Grupo Ferrovial, que "no es una compañía pequeña ni que esté en situación de riesgo ni de quiebra". Esta empresa se adjudicó el contrato de teleoperación del 092 en 2011 con un ahorro de 350.000 euros respecto a la que se encargaba anteriormente, a pesar de que tenía que realizar el mismo servicio y cubrir el mismo número de horas.

Sin embargo, Ferroser, que presentó una oferta económica "a la baja", decidió inmediatamente que, para mantener su equilibrio económico, las ganancias y el margen de beneficio, tenía que hacer cambios en cuanto a la propuesta que inicialmente había presentado al Ayuntamiento, según Herguedas.

La concejala y portavoz municipal de IU-Verdes recuerda que, en el pliego de condiciones, la propuesta municipal "valoraba por ejemplo de una manera bastante importante las cuestiones relativas al personal y la formación que debía de darse en el ámbito de la empresa".

Y es que el contrato "requiere un personal formado por la delicadeza del servicio, ya que atienden a la población que llama para requerir a la policía municipal para cualquier cuestión, como notificaciones de delito o situaciones graves de riesgo para la población".

Sin embargo, Herguedas lamenta que la empresa presentó a los trabajadores una oferta que los propios empleados consideraron "inaceptable", ya que les pedía que redujeran las horas de trabajo y su sueldo, al tiempo que se les solicitaba que renunciaran a las condiciones de trabajo que tenía prestablecidas.

Por ejemplo, la compañía exigía a los trabajadores "una disponibilidad las 24 horas del día, que renunciaran a la antigüedad que tenían reconocida y que aparecía recogida en el pliego de condiciones del Ayuntamiento, y que renunciasen a las condiciones salariales extraconvenio que tenían también reconocidas", añade Herguedas.

Entre los 25 trabajadores que había en plantilla, once firmaron esta propuesta y los 14 restantes se negaron a suscribirlo. De estos 14 empleados que no aceptaron, uno se marchó por decisión propia, y cuatro de ellos fueron despedidos en 2011 con un criterio "absolutamente arbitrario", según Herguedas, por lo que la plantilla se quedó con 19 trabajadores para mantener el mismo servicio.

Como a la empresa le resultaba imposible cuadrar los turnos cumpliendo la legalidad, se dedicó a "hacer la vida imposible a los trabajadores que todavía continuaban y que no habían firmado el acuerdo, cambiándoles los turnos, estableciéndolos de manera arbitraria, haciéndoles trabajar varias noches seguidas".

RESOLUCIÓN JUDICIAL

Ante esta "vulneración de los derechos básicos", los trabajadores recurrieron a la inspección de trabajo y denunciaron esos cuadrantes "que no eran legales", al tiempo que recurrieron los despidos ante los juzgados.

En la inspección de trabajo figura una denuncia y, de momento, hay un informe sobre cómo se está desarrollando el trabajo en la empresa, aunque todavía está en trámite porque las denuncias han seguido interponiéndose hasta el mes pasado.

Sin embargo, Herguedas aclara que los juzgados "sí que se han pronunciando al respecto, declarando nulos los despidos de la empresa y obligando a indemnizar a los trabajadores o a readmitirles y hacerles fijos".

El pasado jueves, 24 de mayo, cuando la empresa tuvo conocimiento de que la sentencia judicial en materia laboral les era desfavorable, "decidió despedir a los nueve trabajadores que seguían en la empresa y habían denunciado". Incluso, a dos de ellos que no les había llegado la comunicación por escrito, se les quiso "expulsar de su trabajo por la noche" aunque no se fueron "porque el policía responsable de Sala y del servicio se impuso y dijo que de allí no se iba nadie".

Por ello, IU ha requerido, mediante una comunicación interior ha pedido explicaciones a la concejala de Seguridad, Nuria Fuentes, sobre "qué pasó ese día y cómo la empresa pudo poner en riesgo el servicio de esa noche".

EL AYUNTAMIENTO, "CÓMPLICE"

Herguedas se ha sorprendido de que el Ayuntamiento de Murcia "no tenga nada que decir", y considera que el Consistorio "no puede ser cómplice de que los trabajadores tengan cada vez condiciones más precarias y de que la empresa tome represalias cuando un trabajador decida defender los derechos laborales que tiene legalmente establecidos".

A su juicio, el Ayuntamiento "debe de decir por qué esta empresa no está respetando las condiciones establecidas en el pliego, en cuanto a la formación que debe de dar a los trabajadores, en cuanto a que debe tener una plantilla estable de trabajadores y regular también la bolsa de trabajo para las sustituciones".

Ha criticado que la empresa "ha estado haciendo contratos temporales por horas, de un personal que requiere una cualificación y una especialización importante, y no se le ha dado ningún tipo de formación a la gente que está atendiendo los teléfonos".