Considera que el techo de gasto de la Comunidad es "coherente" y que la subida del SMI tendrá un efecto "importante" en la Región
MURCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El profesor de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), José Carlos Sánchez de la Vega, prevé que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a los bancos a abonar el impuesto hipotecario puede derivar en un endurecimiento en las condiciones crediticias, aunque ha reconocido que el fallo es "demasiado reciente" como para hacer una valoración clara.
En declaraciones a Europa Press y al ser preguntado por esta sentencia, Sánchez de la Vega estima "más que previsible" que parte del coste del impuesto de las hipotecas que se contraten a partir de ahora recaerá "de una u otra forma sobre los nuevos hipotecados", teniendo en cuenta que, si el propio Tribunal Supremo no rectifica la sentencia, el impuesto va a ser soportado, al menos a título preventivo, por las entidades financieras.
Ha señalado que las valoraciones que hacen los juristas sobre la sentencia y su carácter retroactivo "son dispares" y es "demasiado pronto" para saber "hasta qué punto la devolución puede tener una trascendencia real". Lo que sí es evidente, en su opinión, es el impacto negativo que esta noticia ha tenido en "la valoración en bolsa de las entidades financieras" a tenor de los resultados del IBEX 35.
Y es que, al final "se genera una situación de incertidumbre que incide en la valoración que los inversores hacen de estas entidades". Algunos cálculos cuantifican el coste de esta devolución desde los 6.000 o hasta los 8.000 millones de euros.
"Son cifras importantes que recaerían sobre las cuentas de resultados de las entidades bancarias, lo que lógicamente daña su balance y su valoración en bolsa", explica.
Otra cosa, añade Sánchez de la Vega, es "saber hasta qué punto esto va a repercutir en el bolsillo del ciudadano que ha contratado una hipoteca". Se estima que el importe a reembolsar a las personas que hubieran contratado esas hipotecas se sitúa entre 1.000 y 4.000 euros, lo que supondría una inyección de liquidez añadida para los hogares que, a priori, "puede suponer un impulso adicional a la demanda".
No obstante, el efecto riqueza negativo derivado de la caída en la valoración de las acciones de las entidades financieras "tendría el efecto contrario". Por ello, Sánchez de la Vega no cree que deba plantearse una posible relación significativa con la evolución económica general si, finalmente, la sentencia se concreta en una devolución efectiva.
En cualquier caso, insta a tener en cuenta el carácter "sistémico" del sector bancario y su papel "crucial" en una economía de mercado como la española. En consecuencia, las incertidumbres que se generen sobre él "quizá provoquen efectos desfavorables más significativos".
Finalmente, este economista señala que es preciso "tener en cuenta que el sistema judicial ya está de por sí saturado en España como para soportar una avalancha de estas características", por lo que el efecto final "puede ser muy escalonado" o, incluso, que muchos potenciales beneficiarios de esta sentencia del TS "no lo sean finalmente por desconocimiento o por desistir de la oportuna reclamación".
TECHO DE GASTO
Sánchez de la Vega ha considerado que el techo de gasto de la Región de Murcia está "ajustado" al objetivo del déficit fijado por el anterior Gobierno de España en el 0,1 por ciento, es decir, sin considerar la ampliación de dos décimas propuesta por el actual Ejecutivo, hasta el 0,3 por ciento, para dar un mayor margen de actuación a las comunidades autónomas.
A su juicio, esto pone de manifiesto "coherencia" respecto a la posición mantenida por el Partido Popular en el Parlamento y, a título personal, cree que es una decisión acertada y responsable en tanto considera que es oportuno "trasladar un mensaje de confianza", que refuerce la imagen de España como "un país cumplidor".
"Debemos reforzar esa seguridad y confianza en que España es un país que cumple los objetivos marcados por Bruselas y que la senda de corrección de nuestros desequilibrios es lo más intensa posible", según Sánchez de la Vega, quien considera que flexibilizar esos criterios manda una señal "equívoca".
A su juicio, esa flexibilización puede trasladar un mensaje "erróneo" a los mercados e interpretarse como un elemento añadido de incertidumbre sobre el grado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios, de tal forma que los objetivos serán "más o menos laxos" en función de los cambios de Gobierno. "Parece existir un claro consensos en que todavía es necesario ajustar las cuentas de las administraciones públicas", remarca este economista.
Ha estimado que el Presupuesto de la Comunidad para 2019 le parece "realista" y cree que la previsión de ingresos no es "excesivamente optimista" o "exagerada", a pesar de que la coyuntura es "lo suficientemente incierta como para aventurarse a hacer un pronóstico".
A tenor de las últimas previsiones, destaca que la Región seguiría estando "entre las comunidades con más crecimiento económico" para 2019, por lo que la bajada de una décima en el crecimiento del PIB de todo el país, a su juicio, "no tendría por qué afectar significativamente a una comunidad como la de Murcia".
LEY DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL
Al ser preguntado por la Ley de Aceleración empresarial aprobada en la Asamblea Regional, ha dicho ser conocedor de los reparos puestos por los servicios jurídicos del parlamento y la amenaza de los grupos de la oposición de llevarlos al Tribunal Constitucional, e incluso a la fiscalía.
No obstante, ha recordado que la patronal ha mostrado su claro apoyo a esta Ley y, por tanto, "hay una percepción de que va a ser positiva, más allá de las valoraciones jurídicas", que a este economista no le competen profesionalmente. En principio, cree que las medidas que incluye "pueden ser positivas para el crecimiento de tejido empresarial de la Región".
INCREMENTO DEL SMI
En relación al incremento a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, considera que es bastante probable que tenga "un impacto significativo, si finalmente se hace efectiva, tanto en la Región de Murcia como en cualquier otra comunidad".
Sobre todo, cree que puede afectar "a las empresas que tienen un bajo número de trabajadores y pueden tener que asumir una subida salarial significativa", lo que "puede dañar sus resultados y, por tanto, su propia viabilidad".
De la misma forma, incide en el hecho de que los servicios que se contratan por la administración pública sujetos a concurso, como la limpieza o la seguridad, "no pueden incorporar esta subida prevista en el SMI" al cargo que le hacen a las administraciones públicas, lo que comportará "peores resultados en las empresas que proveen esos servicios".
Por último, se ha mostrado crítico con el hecho de que, a pesar de su trascendencia, "esta propuesta no haya sido consensuada con los agentes sociales".
