Murcia prepara un nuevo recurso al Supremo contra el aumento de su capacidad de acogida de menores migrantes

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha anunciado este miércoles que su departamento elevará este jueves al Consejo de Gobierno la propuesta de interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto Ley que incrementa la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en la Región de Murcia.

Ruiz ha realizado este anuncio durante una interpelación en el Pleno de la Asamblea Regional formulada por la diputada del Grupo Mixto Virginia Martínez sobre el retraso en el cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por la Cámara para promover acuerdos destinados a la reintegración de menores extranjeros no acompañados en sus países de origen.

La consejera ha explicado que el Ejecutivo regional recurrirá una norma que, según ha sostenido, fija una capacidad ordinaria de acogida "sin haber tenido en cuenta la realidad" de la Región ni la "situación de sobreocupación" que soportan actualmente sus recursos.

Ruiz ha advertido de que nuevos traslados seguirían "tensionando un sistema que ya se encuentra al límite de sus capacidades" y ha defendido las actuaciones desarrolladas hasta ahora por el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, ha asegurado que la Comunidad ha requerido formalmente financiación al Estado, reclamado coordinación y planificación, solicitado información, impugnado procedimientos, acudido a los tribunales y recurrido normas que considera contrarias al marco constitucional y a la autonomía de las comunidades. Asimismo, ha afirmado que el Gobierno regional ha mantenido reuniones institucionales para "intentar facilitar los retornos cuando legalmente fueran posibles" y ha reclamado recursos para atender a los menores que ya se encuentran acogidos.

La consejera ha asegurado además que la actuación de la Comunidad Autónoma ha permitido paralizar "cerca de uno de cada cinco traslados propuestos" en el marco de la contingencia migratoria porque, según ha explicado, no habría quedado acreditado que esos desplazamientos respondieran al interés superior del menor. Ha añadido que "muchas" de las propuestas recibidas presentaban "dudas fundadas" sobre su adecuación a ese principio y por ello los expedientes fueron archivados.

La titular de Política Social ha defendido que cuando un menor llega a un centro de protección de la Región derivado por la Policía o la Fiscalía, la Administración debe garantizarle alojamiento, alimentación, educación, atención sanitaria, protección social, integración y acompañamiento. "Las comunidades autónomas no pueden decidir si protegen o no protegen a un menor extranjero no acompañado. Están legal y moralmente obligadas a hacerlo", ha afirmado Ruiz, quien ha incidido en que el ordenamiento jurídico establece la prevalencia de la condición de menor y del principio del interés superior del menor.

Por su parte, Virginia Martínez ha recordado que el 4 de marzo de 2025 la Asamblea Regional aprobó, también con los votos del PP, una proposición no de ley que instaba al Consejo de Gobierno a promover acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados en sus países de origen.

Martínez ha reprochado al Ejecutivo autonómico que, más de un año y medio después, no conste la firma de ningún acuerdo y ha preguntado a Ruiz cuántas reuniones bilaterales se han celebrado con las autoridades de Marruecos o de otros países para gestionar estos retornos.

La diputada ha invocado el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería para defender que existen herramientas legales para promover la reintegración social de los menores en sus entornos de procedencia y ha exigido al Ejecutivo regional que cumpla el mandato aprobado por la Asamblea. Ruiz ha respondido que no tiene competencias para negociar directamente con Marruecos y ha recordado que no es ministra "ni de Asuntos Exteriores, ni de Interior, ni de Defensa". También ha insistido en que cualquier retorno debe respetar las garantías establecidas por la legislación y el interés superior del menor.

CARTERA DE FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Durante el Pleno también se ha abordado, a través de una interpelación del Grupo Parlamentario Popular, la aprobación de la cartera de servicios de Fisioterapia en Atención Primaria. La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha explicado que el nuevo modelo busca reforzar el carácter preventivo y resolutivo de este nivel asistencial, ordenar las funciones de los fisioterapeutas y determinar qué patologías pueden tratarse en los centros de salud y cuáles deben derivarse al ámbito hospitalario.

Ayala ha señalado que la cartera contempla actuaciones diferenciadas según los grupos de población. Entre ellas figuran la promoción de hábitos saludables entre menores; la intervención en el climaterio y las etapas pre y posparto; la atención de procesos traumatológicos de baja complejidad, como esguinces leves, luxaciones simples, dorsalgias o cervicalgias; así como la atención a la incontinencia de urgencia o la patología respiratoria crónica estable. También ha destacado los programas dirigidos a las personas mayores para prevenir caídas trabajando la resistencia, el equilibrio y la coordinación.

La consejera ha indicado además que se han incorporado espacios de fisioterapia en nuevos centros de salud como los de Corvera, Abanilla y Molina, se han creado gimnasios en ampliaciones y reformas de centros existentes y se ha adquirido equipamiento. El diputado del PP Antonio Martínez ha defendido que esta cartera permitirá acercar la atención especializada a los ciudadanos, reducir derivaciones innecesarias y potenciar la prevención y la autonomía de los pacientes.

MÁS DE 3 MILLONES PARA LA RESIDENCIA DOMINGO SASTRE DE LORCA

Otra de las interpelaciones ha enfrentado a Vox y al Gobierno regional por la inversión de más de 3 millones de euros en las obras de mejora de la residencia Domingo Sastre de Lorca. El diputado de Vox Ignacio Arcas ha cuestionado que se habiliten las plantas séptima y octava del edificio para crear nuevas plazas y ha advertido de las dificultades que, a su juicio, podría generar su ubicación en caso de incendio, emergencia o avería de los ascensores. Arcas ha defendido que Lorca necesita una nueva residencia en lugar de esta actuación.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha respondido que la inversión era "necesaria" para modernizar unas instalaciones que llevan décadas prestando servicio y ha asegurado que las actuaciones cuentan con los informes técnicos y cumplen las garantías legales exigibles. Ruiz ha recordado que el proyecto está financiado con fondos europeos Next Generation y sometido a sistemas de auditoría, seguimiento y evaluación.

Ruiz ha señalado que las obras permitirán mejorar habitaciones, espacios comunes, ascensores y equipamiento tecnológico y crear 36 nuevas plazas, con el objetivo de reducir el tiempo de espera para acceder a la residencia. Asimismo, ha defendido que la Domingo Sastre es una infraestructura "estratégica" para Lorca y ha asegurado que las obras estarán finalizadas "en muy poquito tiempo".