Los planes de alquiler de VPP de Murcia, Cartagena y Lorca no logran los objetivos previstos, según Tribunal de Cuentas

MURCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los planes de alquiler de Vivienda de Protección Pública (VPP) de los ayuntamientos con mayor número de habitantes de la Región --Murcia, Cartagena y Lorca-- no lograron los objetivos previstos en 2018, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a ese ejercicio.

En concreto, el informe ha tenido como objetivos analizar el diseño y la ejecución de las políticas públicas dirigidas a facilitar el acceso a una vivienda adecuada y digna a los residentes en el marco competencial atribuido por la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y la legislación autonómica.

Asimismo, perseguía verificar la adecuada utilización y registro del patrimonio público del suelo, evaluar los sistemas y procedimientos de registro, protección, control y conservación del parque municipal de viviendas protegidas y comprobar la adecuación a la legalidad de los procedimientos de su venta o alquiler.

Así en relación con el diseño y ejecución de políticas públicas de acceso a la vivienda, las actuaciones desarrolladas por los tres sectores de la Administración Pública -estatal, autonómico y local- se orientan al fomento del alquiler, frente a la concesión de ayudas para la adquisición de viviendas, libres o protegidas.

Sin embargo, a pesar de ser la vocación general en las diferentes intervenciones públicas, "ninguno de los planes de alquiler implementados en los ayuntamientos fiscalizados ha logrado los objetivos que se habían previsto, quedando muy alejados de las estimaciones iniciales", apunta el informe del Tribunal.

Los tres ayuntamientos analizados han realizado diversas intervenciones en el marco de su competencia en relación con la promoción y gestión de la vivienda de protección pública. Sin embargo, "ninguno de ellos ha llevado a cabo este objetivo a través de la elaboración de un plan de vivienda y de la implementación de una política pública global".

Estas actuaciones, según señala el organismo, "hubieran implicado el desarrollo de actuaciones vinculadas entre sí y basadas en un análisis sobre la situación que se quiere modificar, con una planificación previa, asignación específica de recursos, elección de actuaciones enmarcadas en decisiones estratégicas y elaboración de indicadores que permitan medir los resultados".

Los ayuntamientos de Murcia y Cartagena han realizado actuaciones parciales en relación con la demanda de vivienda. En Murcia se estimó que el 43% de las familias que estaban en búsqueda activa de vivienda se encontraban en riesgo de exclusión residencial, y en Cartagena se puso de manifiesto que 578 personas se encontraban en 2018 en exclusión residencial.

En el examen de la gestión del parque municipal de viviendas en cada uno de los tres municipios, la fiscalización ha puesto de manifiesto que la disponibilidad de vivienda para atender a los colectivos más necesitados es "insuficiente", así como "deficiencias en su control".

"Tanto la oferta de viviendas públicas como privadas resulta "escasa", aun cuando existe un volumen significativo de viviendas privadas vacías que no salen al mercado, lo que origina una elevación de los precios del alquiler".

En cuanto a la adecuada utilización y registro del Patrimonio Público del Suelo (PPS), el informe expone que en 2018 únicamente el Ayuntamiento de Murcia registraba de forma separada los bienes integrantes de su patrimonio público del suelo (PPS) en el Inventario general de bienes, conforme dispone la normativa urbanística de aplicación.

No obstante, el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, en sesión de 30 de julio de 2020, aprobó la constitución del inventario separado del Patrimonio Municipal del Suelo.

En ninguna de estas tres entidades se reflejan adecuadamente los bienes del PPS en los correspondientes saldos contables, no habiéndose podido realizar la conciliación entre los inventarios y la contabilidad al no estar vinculadas ambas aplicaciones ni disponer del detalle de los bienes.

La fiscalización ha observado que en los tres ayuntamientos analizados existe un "deficiente control" del destino aplicado al PPS, así como de "la legalidad de las operaciones a los fines de interés social establecidos en la legislación urbanística".

El informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas, principalmente, al fortalecimiento de la colaboración y cooperación entre Administraciones. Entre ellas, que los tres niveles de la Administración española contribuyan de forma conjunta al diseño e implantación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de planes de alquiler de viviendas públicas y privadas y se incentive la salida al mercado de viviendas desocupadas.

Además, el Tribunal enfatiza los trabajos que deberían realizar los ayuntamientos fiscalizados para conocer las necesidades habitacionales de su municipio y culminar los trabajos de regularización de las viviendas sociales, así como coordinar las actuaciones de los servicios encargados de la gestión del patrimonio y de la contabilidad, garantizando la homogeneidad entre el inventario de bienes y derechos y los saldos contables.