Ruiz alerta de "demoras" en el nuevo sistema de reparto de alimentos por "incumplimientos" del Gobierno nacional

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha alertado hoy en la Asamblea Regional de que las nuevas ayudas para promover el reparto de alimentos básicos promovida desde Europa podría sufrir "serias y preocupantes demoras que pongan en peligro este programa debido al incumplimiento del Gobierno de España".

Según ha explicado durante una comparecencia a petición propia en la Asamblea Regional para explicar las actuaciones de su Consejería para esta legislatura, el nuevo sistema de reparto de alimentos debería entrar en vigor a principio de 2024, aunque "el incumplimiento del Gobierno de España a desarrollar un acuerdo marco para la gestión de esta nueva modalidad de ayudas está ocasionando serias y preocupantes demoras que ponen en serio peligro este programa de reparto de alimentos".

Se prevé que a través de este programa se puedan beneficiar anualmente 50.000 personas en la Región y que el mismo se llevará a cabo "sin dejar de lado a los bancos de alimentos y a las entidades sociales".

Durante su intervención la consejera también ha informado de que ampliarán la protección social, jurídica y económica de las familias. Para ello plantean una estrategia de protección de la maternidad, de la paternidad y de la conciliación.

"Esto se centrará en el fomento de la conciliación y la corresponsabilidad y la protección de las familias que tienen necesidades especiales. Así conseguimos favorecer la igualdad y apoyar a las familias. Nuestro reto es romper la percepción de que la conciliación es un problema únicamente de las mujeres", ha dicho.

Además de eso, plantean modificar el título del decreto que regula el título de familia numerosa para establecer un reglamento regional que amplíe el periodo de vigencia y se evite que estas familias tengan que actualizarlo anualmente cuando alguno de sus hijos cumple 21 años. Actualmente, ha detallado, hay cerca de 40.000 familias numerosas en la Región.

En cuanto a la dependencia, la consejera ha detallado que en la Región actualmente 39.370 personas reciben atención a través de la dependencia y se gestionan más de 49.000 prestaciones.

"Esto supone un significativo incremento del volumen de gestión", ha asegurado indicando que es un reto para su Consejería "agilizar" el sistema de gestión. En ese sentido, ha dicho que están incrementando las cuantías con 30 millones de euros adicionales al coste total de la dependencia, según el Real Decreto aprobado hace unos meses por el Gobierno nacional.

La consejera ha adelantado que en las próximas semanas se publicará una nueva línea de ayudas de más de 7 millones de euros para mejorar más equipamientos para personas con discapacidad. "En lo que llevamos de año se han creado unas 400 plazas de atención residencial y centro de día para personas mayores y personas con discapacidad".

Por otro lado, en materia de Igualdad, Ruiz ha avanzado que incidirán en políticas de apoyo a la mujer en el ámbito laboral. Además, ha dicho que actualizarán el pacto regional contra la violencia de género "esperando y deseando que en esta ocasión se sumen todas las fuerzas políticas de este parlamento". También abrirán el primer centro de crisis de la Región para proteger a las víctimas de agresiones sexuales.

Por parte de los grupos parlamentarios, los partidos de la oposición, PSOE y Podemos, han criticado que no acudiera a la Asamblea el consejero de Educación a explicar los problemas del transporte escolar en el inicio del curso, tal y como habían pedido en Junta de Portavoces.

Desde el PSOE, Toñi Abenza le ha agradecido a Ruiz que "dé la cara, no como otros consejeros", mientras que la diputada de Podemos, María Marín, ha pedido que el consejero "dimita o que le cese el presidente del Gobierno regional porque al final es el presidente el presidente último del mayor ataque contra la Educación pública en la Región"

La diputada del PSOE Toñi Abenza, ha dicho que trabajarán para forjar una "alianza progresista que tenga como base el compromiso social que no se ha tenido desde el Gobierno regional para que la Política Social se vea como una inversión y no como un gasto". Además, ha enfatizado que trabajarán "sin descanso para evitar que se niegue la violencia de género y la violencia machista, una constante en los gobiernos de VOX".

En ese sentido, propondrán una comisión especial para revisar y evaluar el cumplimiento del Pacto regional contra la Violencia de Género. Los socialistas también han pedido aumentar en los Presupuestos 2024 los recursos para

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, la diputada de Podemos, María Marín ha advertido que en la Región faltan 1.925 plazas en residencias para alcanzar la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores que "es lo mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud".

A su juicio, este trato "se llama aporofobia, odio indisimulado a los pobres, personas que necesitan que los ayuden para volver a levantarse. Si atacan a los pobres, con los menores se ensañan", ha dicho antes de recordar que la Región "repite" como la Comunidad con menor cobertura de becas de comedor recibiéndolas solo la reciben un 2% de los niños, frente a un 13% en España.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, ha dedicado sus primeros minutos de intervención para advertir que los partidos de izquierda "dedican gran parte del tiempo para en vez de hablar de Política Social, hablar de otras cosas". El parlamentario ha señalado durante su tiempo que "tenemos la obligación de poner en marcha medidas transversales para ayudar a los ciudadanos a "tener una vida digna".

Para ello plantean deducciones en IRPF y eliminar los impuestos asociados a la adquisición de vivienda habitual. Ha pedido también no construir "indiscriminadamente" las residencias, por lo que considera que se debería iniciar la colaboración público-privada para este tipo de asistencia, "algo que ya está en marcha en otras comunidades". Además de eso, ha propuesto reconocer "automáticamente" el grado de discapacidad mínimo del 33% en caso de enfermedades crónicas, neurodegenerativas o autoinmunes.

La diputada del PP Mari Carmen Pelegrín considera que "es cierto que todo necesita más financiación" y ha pedido al PSOE que vaya a Madrid para pedir más financiación. La parlamentaria ha pedido a los socialistas que se comprometan a exigir "a ese gobierno de la igualdad y de las políticas sociales que no retiren las becas para niños con necesidades especiales".