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Defiende que no pudo acudir a los cauces regulares y fue a Asuntos Internos para trasladarle las conductas irregulares en la Comandancia
MURCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El sargento del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil destinado en 2003 en Melilla, J.A.C., al que se le juzga durante esta semana en la Audiencia Provincial de Murcia por haber proporcionado información sobre una operación antidroga a dos presuntos narcotraficantes en Almería en 2003 a cambio de 120.000 euros, ha incurrido en varias contradicciones durante el interrogatorio realizado por la fiscal Antidroga, que ha ocupado gran parte de la mañana.
En concreto, la fiscal ha recordado que en su declaración inicial implicó a uno de los 'narcos', A.M.M., y expuso que cuando lo trasladaron desde la Comandancia hasta los calabozos del Palacio de Justicia de Almería, donde se encuentra la sala de reconocimiento, esta persona lo señaló directamente, algo que ocurrió a primeros de febrero cuando, según ha puntualizado la fiscal, nadie podía entrar a ese lugar si no era con autorización expresa de la Guardia Civil o la Policía Nacional.
Sin embargo, en el turno de preguntas de este martes el procesado ha mantenido que no conoció físicamente ni sabía cómo era A.M.M. hasta que un preso implicado también en la operación antidroga 'Palmera', con el que compartía módulo en la prisión de Almería, le reveló que A.M.M. saldría de la cárcel ese día, el 14 de febrero de 2005, y que lo llevaría hasta un lugar donde pudiera verlo físicamente.
En este punto, el acusado ha modificado su versión y ha dicho que "alguien" pudo haberlo visto en aquella sala de reconocimiento, "no digo que fuera A.M.M.". "Alguien me describió para que A.M.M. me reconociera", ha manifestando a preguntas de la fiscal, quien ha cuestionado cómo era posible, si no se conocían ni se han visto nunca, que A.M.M. manejara información personal, del tipo de que este sargento tenía dos mujeres, en Murcia y en Melilla, e incluso aportó los documentos de los extractos bancarios que reflejaban, en tres ingresos de tres días cercanos en el tiempo, 3.000 euros.
El procesado ha implicado en todo momento a terceras personas, entre ellas su mando superior, una mujer amiga de su esposa de Melilla que realizaba tareas de limpieza en la casa de este mando, así como a un juez con el que su jefe mantenía una relación "cercana y directa".
Así, sostiene que muchas de las explicaciones podían tener su origen en el hecho de que él era muy conocido en la Comandancia de Melilla y, por ende, estas personas podrían haber informado a A.M.M. de su vida personal, puesto que "todo el mundo en la Comandancia sabía que había tenido un divorcio problemático y m exesposa mantenía contactos con los mandos de Melilla".
LOS INGRESOS SE REALIZARON DESDE MURCIA
Igualmente, durante el juicio, que se celebra con Jurado Popular, la fiscal ha recordado que se efectuaron tres ingresos, de 3.000 euros cada uno, en la cuenta que días antes había abierto su mujer en Melilla y de cuya existencia no sabía nadie más salvo A.M.M. y el procesado.
Tras dejar claro que para acceder a los datos bancarios de una persona se necesita una autorización judicial previa, el procesado no ha podido explicar quién y cómo se efectuaron estos ingresos, cuyo origen era de dos sucursales de Murcia, localidad donde se encontraba la sede la empresa de uno de los 'narcos'.
El procesado no ha aceptado que A.M.M. tuviera los extractos bancarios de esos documentos y preguntado por la fiscal quién pudo haber ingresado, ha comentado que pudo hacerlo el tío de su esposa, para luego desmentirlo y decir que le confirmaron que él no lo hizo.
De esos 9.000 euros que se depositaron en la cuenta de su esposa se hizo el reintegro "de forma inmediata", según el procesado porque su mujer tenía que comprar mobiliario, no sabiendo de dónde procedía tal cantidad y pensando que pudiera ser de su tío, cuando en la primera sesión del juicio manifestó que podían corresponder a ingresos de la familia de su mujer en Melilla.
A la pregunta de cómo alguien pudo acceder a la cuenta de su esposa, ha explicado que pudo ser por dos vías: o bien a través de su teniente, puesto que su esposa dejó la documentación bancaria en el coche de la mujer de su mando superior y éste pudo haberla utilizado en su contra; o porque la amiga de su mujer realizaba tareas de limpieza en la casa del teniente; esta segunda posibilidad ha sido la ha aportado por primera vez hoy en todo el procedimiento judicial.
Sin embargo, la fiscal ha llamado la atención sobre el hecho de por qué su teniente querría incriminarlo en esa época, en diciembre de 2003, cuando aún no había presentado una querella contra él y se acababa de iniciar la operación 'Palmera'.
"Cómo iba la guardia civil a realizar ingresos en su cuenta para incriminarle" cuando la relación se suponía que por aquel entonces era cordial, ha preguntado la fiscal, a lo que el procesado ha recalcado que en aquel momento ya mantenía contactos con Asuntos Internos para informarles de conductas "irregulares" de su teniente y demás agentes en la Comandancia de Melilla y que Asuntos Internos le advirtió que también ellos podían estar al corriente.
Por tanto, el procesado ha negado en todo momento mantener una relación e informar de asuntos confidenciales sobre la operación antidroga a los dos 'narcos', así como que le sobornara con dinero para repartir entre él y varios agentes.
La información que proporcionó a Asuntos Internos sobre las conductas "irregulares" en la Comandancia las obtuvo de una base de datos que, según fundamenta, no era legal y a la que el teniente le privó su acceso. Asegura que no pudo decir a nadie que estaba sacando pruebas de esa base de datos porque entre las personas implicadas estaba el teniente, de manera que no pudo acudir a los cauces regulares.
La autorización para ello fue porque consideró que tenía que actuar ante la posible comisión de un delito, que así lo exige la ley. La documentación la fue custodiando desde octubre de 2003, cuando se intercepta el camión en Almería cargado con 9,1 kilos de hachís, hasta que Asuntos Internos se la requirió en julio de 2004; y durante ese tiempo la confiscó en su casa y en la vivienda de su suegra, en Marruecos.
LOS 'NARCOS' RECONOCEN LOS HECHOS
Por su parte, A.M.M y J.L.G.V. han reconocido los hechos y aceptan la pena solicitada por la fiscal en su escrito de acusación. En concreto, para el primero pide dos años de prisión por cohecho y multa de 18.000 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago de tres meses e inhabilitación para empleo y cargo público por cinco años.
Y para J.L.G.V., solicita la pena de un año y nueve meses de prisión, una multa de 2.500 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 20 días, así como inhabilitación para empleo y cargo público por cuatro años, también por el mismo delito.
Manuel Maza, letrado defensor del sargento del EDOA, ha dejado claro que "no existió nunca llamada telefónica ni conversación" con los dos implicados y que desconocen la persona que pudo ingresar esas cantidades en la cuenta de su mujer del sargento.
