Thader Consumo pide acotar los precios dinámicos de los VTC, exigir vehículos accesibles y reforzar seguridad jurídica

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Thader Consumo), Juana Pérez, ha advertido en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional que la modificación de la Ley 10/2014 debe servir "para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de precios y la igualdad de condiciones entre taxi y VTC".

Pérez ha reclamado que se acote con mayor rigor el límite de los precios dinámicos, que se amplíe la obligación de disponer de vehículos accesibles y que se reduzca el plazo de suspensión de autorizaciones previsto en la disposición transitoria del decreto.

Ha recordado que el Real Decreto 13/2018 trasladó a las comunidades autónomas la competencia sobre los servicios urbanos de VTC, "generando un vacío normativo que ha prolongado la inseguridad jurídica durante años". Además, ha señalado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contraria al derecho comunitario la ratio 1/30 entre taxis y VTC, lo que obligó al Estado a modificar la normativa en 2023 para blindar al taxi como servicio público. En la Región, ha cifrado en 755 las licencias de taxi y en 248 las de VTC, de las que 162 operan en Murcia capital.

Como asociación de consumidores, ha planteado varias enmiendas: "Si el taxi está obligado a mantener tarifas administrativas, el VTC no puede quedar al margen", ha defendido, advirtiendo de que el límite actual -no duplicar el precio ordinario- resulta excesivo. Ha puesto como ejemplo a Madrid, donde se establece un tope del 75% sobre la tarifa base en casos de alta demanda. También ha reclamado que las VTC dispongan de un porcentaje exigible de flota accesible, "igual que ocurre con el taxi", y que el registro público de licencias se aplique a ambos sectores con las mismas condiciones.

Respecto a la disposición transitoria primera, ha considerado que "los dos años de suspensión de autorizaciones son un plazo demasiado amplio" y ha apostado por acortarlo, citando el precedente andaluz, donde se redujo a dos meses. Asimismo, ha pedido que se habilite a las personas jurídicas para ser titulares de licencias de taxi, en paralelo a lo previsto para las VTC, y que se refuercen las obligaciones laborales de este último sector "para evitar desigualdades".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Miguel Ángel Ortega, ha compartido la necesidad de limitar los precios y ha preguntado por las reclamaciones más habituales que recibe la asociación, subrayando que "el taxi garantiza servicio en zonas rurales donde las VTC no operan".

El diputado de Vox, Ignacio Arcas ha discrepado con la valoración positiva de la norma, asegurando que "lejos de dar seguridad jurídica, la empeora", y ha cuestionado la capacidad de los ayuntamientos para aprobar en 24 meses las ordenanzas necesarias.

Por parte del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha advertido de que "un servicio público esencial como el transporte no puede quedar subordinado a estrategias empresariales de precios dinámicos", y ha defendido que la prioridad debe ser "el acceso universal y asequible para todos los ciudadanos".

Finalmente, el diputado del PP Antonio Landáburu ha agradecido la intervención de Pérez y ha destacado la "claridad" de las propuestas, defendiendo que el proyecto de ley "busca mejorar la movilidad y reforzar el papel del taxi como servicio público, a la vez que dota de un marco estable al sector VTC".