El presidente pide informes a colegios profesionales, decanato y juntas de jueces afectadas antes de materializar la solicitud
MURCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha iniciado un estudio para determinar la conveniencia y viabilidad de la transformación del juzgado de lo Contencioso número 8 de Murcia en el Social número 9 del mismo partido judicial.
La propuesta del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha sido remitida a la Sala de Gobierno, interesando que se recaben, con carácter previo a la decisión, informes de las juntas sectoriales de jueces afectadas, el decanato del partido judicial de Murcia, la Secretaría de Gobierno, la junta de personal, además de los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales.
Como se recoge en la propuesta, enmarcada en los proyectos de la Agenda Estratégica del TSJMU, en el enfoque de modernización y excelencia organizativa, la Ley de Demarcación y Planta prevé la posibilidad de transformar juzgados de una clase en otra dentro de la misma sede, cualquiera que sea su orden jurisdiccional. No obstante, a pesar de la previsión, una transformación como la planteada no tiene precedente en España.
En su caso, ésta debe adoptarse por Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.
La medida estaría justificada, tal como se explica por la presidencia, en la evolución del volumen de ingreso de asuntos experimentada en los últimos años en ambas jurisdicciones. Ya que la entrada ha ido decreciendo progresivamente en los juzgados de lo contencioso administrativo (de casi 800 casos por órgano en 2009 a unos 340 en la proyección para 2015), hasta estar por debajo de la carga razonable de entrada (fijada por acuerdo del CGPJ de octubre de 2003 en 600 asuntos).
Por el contrario, explican fuentes del TSJ, los órganos de la jurisdicción social se han mantenido en el mismo periodo por encima del volumen de entrada razonable (situado por el CGPJ en 850 asuntos por juzgado), "sufriendo la sobrecarga derivada de la extraordinaria entrada de los años anteriores".
Sumado, además, a que a finales de 2015 cesarán los refuerzos aplicados a la jurisdicción Social durante el último año y medio, tras el ascenso de las dos juezas de apoyo.
Pasqual del Riquelme explica que con esta propuesta se pretende "explotar adecuadamente las inversiones en medios humanos y materiales existentes, adaptándolos a la evolución constante de la litigiosidad, que ha determinado una situación de retraso estructural de los juzgados de lo Social, a la vez que una infrautilización de los recursos asignados a la jurisdicción Contencioso Administrativa".
"Todo ello, en aras a ofrecer un mejor servicio público y garantizar la tutela judicial efectiva en un área tan sensible como la laboral", concluye.
