MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los atentados del 11-M continuará con el procedimiento iniciado contra el eurodiputado y ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera por un delito de desobediencia grave a pesar de que éste haya revelado a la Sala la identidad de la fuente que le comunicó la existencia de un supuesto informe que vinculaba la masacre en Madrid con la banda terrorista ETA, informaron fuentes jurídicas.
Así, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitará al Parlamento Europeo que certifique la condición de eurodiputado de Díez de Mera y, una vez obtenga contestación remitirá la deducción de testimonio por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad a la Sala de Causas Especiales del Tribunal Supremo, acompañada de un CD con las imágenes de la negativa del cargo "popular" a contestar a preguntas realizadas en la vista y su correspondiente transcripción.
El alto tribunal será el encargado de decidir si abre diligencias o no y si solicita al Parlamento Europeo su suplicatorio para juzgar al responsable de la Policía en el momento en que produjeron los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, ya que*disfruta de fuero por su condición de europarlamentario.*Fuentes jurídicas señalaron hoy que el "gesto" de Díaz de Mera al revelar la identidad de su fuente puede ser tenido en cuenta a la hora de valorar la actitud del eurodiputado ante el tribunal del 11-M.
Hoy se conoció que el ex director general de la Policía remitió a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional una carta en la que facilita la identidad de la fuente que le comunicó la existencia del supuesto informe en el que se vinculaban los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid con la banda terrorista ETA. En la misiva el eurodiputado popular asegura que ha decidido revelar el dato al considerar que su "colaboración con la justicia" es prevalente a "cualquier otra circunstancia", y porque su lealtad no había sido correspondida.
La carta fue enviada por Díaz de Mera a la atención personal del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y presidente del tribunal del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, y llegó el pasado martes día 3 de abril. Al encontrarse Gómez Bermúdez de permiso, se ordenó la custodia de la misma hasta su regreso después de las vacaciones de Semana Santa, informaron fuentes jurídicas.
Tras su lectura, el tribunal dictó hoy una providencia destinada a incorporar este nuevo testimonio a la causa y poner en conocimiento de las partes el contenido de la misma, "con su exclusión de su punto 2º" --en el que se menciona el nombre-- "en relación con el cúal se dictará un auto". Esto quiere decir de las defensas y acusaciones que intervienen en el proceso en marcha no tendrán conocimiento de la identidad de esta persona hasta la emisión del mencionado auto, que será dictado esta semana.
El director general de la Policía en el momento de los atentados, que fue sancionado con una multa de 1.000 euros por desobediencia grave y se enfrenta a un proceso que puede desembocar en una pena de hasta un año de prisión, explica en la misiva que antes de proceder a comunicar el nombre y número identificativo de la fuente, ha realizado "esfuerzos" que no han resultado positivos para "recabar su colaboración" y obtener "su autorización para desvelar su identidad, transmitiéndole la inexcusable necesidad de colaborar con el Tribunal".
El eurodiputado popular se negó ayer a revelar el nombre o número identificativo del policía que le informó sobre la existencia del supuesto informe secreto durante su declaración como testigo ante el tribunal, el pasado 28 de marzo. Ello determinó que se le impusiera una multa y que el tribunal solicitara la apertura de esta investigación para determinada si, con su actitud, Díaz de Mera habría cometido o no un delito de desobediencia por negarse a revelar los datos identificativos del agente que le habló del informe.
La negativa de Díaz de Mera a revelar su fuente se desencadenó tras la pregunta efectuada por el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, que interrogó al testigo sobre la existencia y contenido de este informe. El ex mando policial había revelado su existencia en una entrevista concedida a un medio de comunicación en septiembre de 2006.
