Archivo - Puñetas durante el acto de toma posesión de la nueva auditor presidenta del Tribunal Militar Central, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 21 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha avisado de que un 39,32% de los jueces que se retiraron en 2025 fue de manera voluntaria y que más de 1.700 jueces --un tercio de toda la carrera judicial , de los casi 5.500 en activo-- se habrán jubilado entre 2022 y 2031.
Así se desprende del último informe del 'Análisis de las jubilaciones y necesidades de reposición en la Carrera Judicial 2022-2035' que publica la asociación cada año, en el que detalla que, de las 117 jubilaciones que hubo el año pasado, "60 fueron forzosas por razón de edad, otras 46 fueron voluntarias o anticipadas y 11 se produjeron por incapacidad permanente", según una nota de prensa.
La AJFV expone que hubo 18 retiros más que en 2024, y que las cifras "confirman una tendencia claramente ascendente desde 2022", cuando publicaron la primera edición de estos informes.
Estos estudios "se basan en la recopilación y contraste individualizado de cada jubilación de miembros de la carrera judicial mediante fuentes abiertas, principalmente el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como en el análisis del escalafón judicial", informa la asociación judicial.
"En solo tres años, 139 jueces y magistrados han decidido adelantar su retirada, en un contexto de envejecimiento de la carrera judicial, el aumento de la sobrecarga de trabajo por una creciente litigiosidad, la ausencia de soluciones políticas y el clima de deslegitimación del poder judicial por parte de otros poderes del Estado", denuncia Marien Ortega, portavoz de la asociación.
La pérdida de un tercio de los jueces y magistrados que proyecta la asociación "tiene consecuencias de gran calado para el funcionamiento del sistema judicial", expone Ortega, pues la salida "masiva" de jueces "agrava todos los problemas existentes" en lo relacionado con el aumento de la litigiosidad y en el "déficit estructural" de plazas.
La proyección se construye sobre la base de los datos reales de jubilaciones de los primeros años (entre ellos, 86 jubilaciones en 2022 y 99 en 2023) y de la estructura de edades de la carrera judicial, según AJFV.
"Estas cifras deben interpretarse como una estimación orientada a ilustrar la magnitud del problema, no como una predicción cerrada año a año", aclara. Y explica que, incluso "en un escenario conservador", el sistema judicial español "afronta en poco más de una década la pérdida de alrededor de un tercio de sus jueces y magistrados en activo".
LOS FACTORES
La AJFV apunta a varios factores para explicar las cifras de bajas voluntarias. Según la asociación judicial, la tasa de litigiosidad (asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes) ha pasado de 128,3 en 2018 a 145,7 en 2023, y se situó en 160,41 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2024, lo que supone un incremento de más de 32 puntos en seis años.
El informe expone que, por un lado, esta "sobrecarga de trabajo" reduce el tiempo "que puede dedicarse a cada asunto". Por otro lado, tiene "un impacto directo en la salud y el bienestar de los jueces", lo que favorece que "muchos opten por la jubilación voluntaria o anticipada.
Asimismo, AJFV señala el "clima de deslegitimación y condiciones de ejercicio" del Poder Judicial por parte de otros poderes del Estado.
Y advierte del "envejecimiento de la carrera judicial" y de "la ausencia de una carrera profesional bien definida, donde se reconozca la experiencia y la competencia para continuar ejerciendo como juez".
Para la asociación, la respuesta "no puede limitarse a medidas puntuales", sino que exige "la adopción de una política de Estado que asuma de forma explícita el objetivo de garantizar plantillas suficientes".
"Solo así será posible evitar que las jubilaciones masivas se traduzcan en un incremento irreversible de los retrasos, en una mayor dependencia de la justicia interina y, en última instancia, en la quiebra del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía", concluye el informe.