La Abogacía Española urge a los partidos a acordar una nueva Ley de Justicia Gratuita

Su presidente, Salvador González, pide mejorar las condiciones de los profesionales del Turno de Oficio

(I-D) Ángel Méndez, Filomena Peláez, Francisco Aranda, Salvador González, Encarna Orduna, María Jesús Moro Y Juan José Aizcorbe.
(I-D) Ángel Méndez, Filomena Peláez, Francisco Aranda, Salvador González, Encarna Orduna, María Jesús Moro Y Juan José Aizcorbe. - ABOGACÍA ESPAÑOLA
Europa Press Nacional
Publicado: jueves, 9 abril 2026 21:42

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado este jueves a las fuerzas políticas un acuerdo urgente para aprobar una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ya que considera que la actual está "obsoleta" tras 30 años en vigor.

Durante la tercera sesión del Foro organizado junto a Confilegal con motivo del 30º aniversario de la norma, González ha defendido la necesidad de renovar el marco normativo. "La ley, después de 30 años, está obsoleta", ha afirmado.

En este sentido, ha apelado directamente a la responsabilidad de los legisladores: "Tenéis en vuestras manos la posibilidad de que se haga justicia. Es una oportunidad única para estar a la altura de nuestra democracia".

Asimismo, González ha trasladado la gravedad de la situación actual del Turno de Oficio, que ha calificado de "insostenible", alertando del descenso de profesionales adscritos --de 45.000 en 2016 a menos de 40.000 en la actualidad-- mientras aumentan las solicitudes de asistencia.

"Este dato es una alerta del colapso del sistema", ha advertido González, que ha señalado que esta tendencia pone en riesgo la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva.

Pese a ello, ha reivindicado el compromiso de la Abogacía: "No hemos dejado de garantizar a la sociedad, ni un solo día, un servicio de altísima calidad", con niveles de valoración ciudadana cercanos al 80%.

En su intervención, también ha insistido en la necesidad de mejorar lo antes posible las condiciones de los profesionales del Turno de Oficio, denunciando que están "infraretribuidos" y que sufren retrasos en los pagos y desigualdades territoriales. "Urgen, de manera inmediata, las mejoras retributivas y de condiciones que reclamamos", ha subrayado, rechazando que la falta de presupuestos pueda ser una excusa.

Finalmente, González ha recordado el carácter esencial del sistema. "El turno de oficio no es una cuestión de caridad ni de filantropía, es una obligación del Estado", ha señalado, concluyendo que "un país que cuida el turno de oficio, cuida su Estado de derecho".

DEBATE CON REPRESENTANTES DE PP, PSOE Y VOX

En el debate han participado los diputados María Jesús Moro (PP), Francisco Aranda (PSOE) y Juan José Aizcorbe (Vox). Durante el debate parlamentario, los distintos grupos políticos han coincidido en la necesidad de avanzar en la mejora del marco normativo, si bien pusieron de manifiesto matices relevantes en cuanto a su alcance y desarrollo.

Por parte del Grupo Socialista, Francisco Aranda ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la futura regulación, asegurando que la Abogacía será "escuchada, atendida y requerida para dar su opinión en la sede legislativa". Asimismo, ha defendido que el compromiso del Gobierno es "inequívoco" y que se han ido cumpliendo las distintas etapas previstas, aunque ha reconocido que "faltan cosas" y ha apelado a seguir avanzando desde el diálogo.

Desde el PP, María Jesús Moro ha considerado que "no se ha evolucionado en el modelo ni en los retos" a lo largo de estos 30 años, lo que, a su juicio, ha generado disfunciones. En este sentido, ha lamentado que la nueva Ley de Derecho de Defensa no haya incorporado algunas reivindicaciones del sector, como el reconocimiento de que los abogados de oficio son "instrumentos de garantía del ejercicio del derecho de defensa", y ha advertido de que si la futura norma se limita a ajustes puntuales, "será una modificación de la nueva ley".

Por su parte, Juan José Aizcorbe, de Vox, ha puesto el foco en la sostenibilidad y homogeneidad del sistema. Además, ha defendido la necesidad de mecanismos que permitan clarificar las retribuciones de los letrados y ha apostado por configurar este servicio como "un servicio global del Estado", garantizando la independencia profesional, la responsabilidad individual y el ejercicio libre, además de corregir las diferencias entre comunidades.

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