La Abogacía pide a la Generalitat valenciana que resuelva los problemas del nuevo modelo de tribunales de instancia

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, se ha reunido este martes con la consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Nuria Martínez, para analizar el estado de la implantación de los tribunales de instancia en la Comunidad Valenciana.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Abogacía en Madrid, la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, María del Mar García Calvo, ha reiterado "sus preocupaciones" sobre dicha implantación, además de señalar que aunque "valora la escucha activa" que se está teniendo desde la Consejería, ha insistido en que "se solucionen los problemas asociados a la implantación de este nuevo modelo, en particular el acceso de la abogacía al nuevo expediente digital".

También han abordado la situación de la asistencia jurídica gratuita, especialmente los retos que debe abordar la nueva Ley que se está elaborando para sustituir a la actual, que cumple este año tres décadas desde su aprobación en 1996. El presidente de la Abogacía ha subrayado "la importancia de que todas las comunidades autónomas participen en la elaboración de la nueva norma para que sea aprobada por consenso en beneficio de la ciudadanía, la justicia social y el Estado de derecho".

Por su parte, la presidenta del Consejo Valenciano ha trasladado a la consejera el reconocimiento en materia de justicia gratuita, por la puntualidad en los pagos y el abono de los MASCs; sin perjuicio de la necesidad de mejorar los baremos establecidos.

Además, en el encuentro se repasaron las situaciones originadas por los últimos desastres climáticos en la comunidad. Respecto a ello, González ha sostenido "la necesidad de regular las suspensiones de plazos procesales en situaciones de emergencia y de contar con protocolos que den seguridad jurídica en este tipo de situaciones". "Es algo que llevamos tiempo reclamando para salvaguardar los derechos de la ciudadanía cuando los abogados y abogadas encuentran dificultades de fuerza mayor para ejercer la defensa", ha afirmado.