MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El abogado Ignacio Peláez, que presentó la querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por ordenar la intervención de las comunicaciones entre abogados y clientes del 'caso Gürtel', ha presentado un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el permiso concedido a Garzón para trabajar como consultor externo de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional en La Haya (Holanda).
El recurso presentado por Peláez, que ha sido admitido a trámite, se basa en que el que fuera magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se puede acoger a la inmunidad que se contempla en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional.
Según explicó el propio Peláez a Europa Press, en ese caso, se produciría un fraude de ley en la medida en que Garzón tiene tres procedimientos abiertos que podrían conllevar su inhabilitación como magistrado en relación a la investigación de los crímenes del franquismo, la supuesta petición de fondos al Banco Santander para costear unos cursos en Estados Unidos y el relacionado con las escuchas policiales a abogados y clientes de la trama 'Gürtel'.
Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri implicado en la trama 'Gürtel', considera que él se vería perjudicado en el caso de que Garzón se acogiera a esa inmunidad respecto a la querella que él presentó contra Garzón por ordenar la intervención de las comunicaciones entre abogados y clientes del 'caso Gürtel'.
Asimismo, el abogado recordó que el CGPJ acordó el pasado mes de mayo suspender cautelarmente en sus funciones a Garzón en cumplimento de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación, que habría cometido al investigar las desapariciones del franquismo careciendo de competencia para ello.
El recurso presentado por Peláez, que ya ha sido trasladado a Garzón para que presente las alegaciones que considere oportunas, deberá ser estudiado por el Pleno del CGPJ. En caso de que no fuera aceptado, el letrado anticipó que recurrirá al Tribunal Supremo.
