El abogado del jefe de la mafia rusa juzgada en la Audiencia Nacional cuestionará la legalidad de su extradición

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Zakhar Kalashov, el presunto líder de la organización mafiosa que comenzó a ser juzgada hoy en la Audiencia Nacional, planteará mañana al tribunal dudas sobre la legalidad de la extradición de su defendido desde Dubai, según informaron a Europa Press fuentes de la defensa.

El juicio contra Kalashov y otros 11 presuntos miembros de la mafia rusa, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 12 años de cárcel, comenzó esta mañana en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. La organización está acusada de blanquear "importantes cantidades de dinero" en España que se obtenían del tráfico de drogas y armas, asesinatos por encargo, extorsión, contrabando y el control de los principales casinos de la Federación Rusa.

En la primera sesión del juicio, celebrada hoy, se procedió a la lectura del escrito de acusación del Ministerio Público y a los de la defensa de algunos acusados. Además, se presentaron algunas alegaciones de los abogados previas al desarrollo del juicio.

En concreto, los letrados de dos de los acusados --Alexandro Minin y Flor Casado-- solicitaron que se exima a sus defendidos de acudir a todo el juicio, que se espera que se prolongue todo el mes de noviembre, por motivos de enfermedad. La Fiscalía no mostró oposición a esta petición.

CONVERSACIONES INTERVENIDAS

Además, el abogado de Kalashov, Javier Gómez de Liaño, renunció a una alegación previamente presentada según la cual solicitaba que se aclarara si habían sido intervenidas las conversaciones que ha mantenido con su defendido, mientras éste ha estado en prisión, desde junio de 2007 hasta hoy.

Sin embargo, según explicaron fuentes de la defensa, Gómez de Liaño planteará mañana otras cuestiones previas, como la legalidad de la extradición de Kalashov desde Dubai, donde fue detenido en mayo de 2006, y la existencia de un fraude de ley por la presentación de testigo falso.

La Fiscalía solicita una pena de 12 años y 2 meses de cárcel y una multa de más de 32 millones de euros para Kalashov. Las penas que pide para sus subordinados son menores. En concreto, 9 años y 3 meses para Konstantin Asatiani y Oleg Vorontsov, 7 años y 9 meses para Mikhail Mdinarazde, 7 años y 4 meses para Carlos Antonio Fernández Asensio, 7 años y 3 meses para Alexander Gofshtein, 6 años para Ángel Blanco Yáñez y María Flor Casado, 5 años y 1 mes para Juan Manuel Cantarero, 4 años y 10 meses para Alexander Minin y Natalia Serova, y 3 años y 10 meses para Olena Gotsulenko.

Además, pide el sobresimiento de la causa contra los imputados Mari Cruz Blanco Yáñez e Ignacio Ballesteros, al no haberse acreditado que conocieran las actividades del grupo, y solicita la disolución de las sociedades que la organización controlaba en España para blanquear el dinero (Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Mijas Invest Development, Investa Development, Megabetta V&N, Mijas Paradise Business Development y SDI Desarrollos Inmboliarios Estepona).

'LADRÓN EN LEY'

Kalashov, que utilizaba los alias de 'Shakro el Joven' y 'Shakro el Kurdo', tenía desde 1980 el título mafioso de 'Ladrón en la ley', otorgado por los líderes de las principales organizaciones criminales de la ex Unión Soviética. Según la Fiscalía, entre 2002 y 2006 fue jefe de varios grupos que operaban en Georgia y Moscú (Rusia) con los nombres de 'Solntsevo', 'Solntsevskaya' o 'Hermandad de Solntsevo' y 'Domodedovo'.

Entre los acusados se encuentran su hombre de confianza, Oleg Vorontsov; su abogado, Alexander Gofhstein; el también presunto miembro de la organización mafiosa Konstantin Asatiani y el funcionario español de Hacienda, Carlos Antonio Fernández Asensio, quien presuntamente colaboró con ellos en las actividades de blanqueo.

El presunto líder de la organización fue detenido en mayo de 2006 en Dubai, meses después de que se desarrollara la primera fase de la 'Operación Avispa', en junio de 2005, que se saldó con 28 detenidos, entre ellos 22 'capos' de las mafias de la antigua URSS acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. Además, se realizaron 41 registros y se bloquearon más de 800 cuentas bancarias pertenecientes a 42 entidades bancarias distintas.

La segunda fase de la operación se desarrolló en noviembre de 2006 y se saldó con nueve detenidos, entre ellos Vorontsov, Gofhstein, Asatiani y Fernández Asensio, acusados de crear una red para "auxiliar" a Kalashov, en prisión desde junio de ese año, y "conseguir su libertad y ocultar su responsabilidad penal".

Entre estas actividades se incluía "contactar con personas que influyeran en los magistrados y fiscal encargados de la investigación". Para este fin, como demuestra una conversación telefónica que se le grabó, Voronstov llegó a sugerir regalarle al juez de Vigilancia Penitenciaria "iconos sencillos", dado que había sabido que los coleccionaba.

UNA TARJETA PARA GASTAR 200.000 EUROS

A pesar de que no tenía "trabajo ni medios lícitos suficientes para tener patrimonio alguno", el informe del fiscal sostiene que Kalashov era "uno de los ladrones en la ley de mayor influencia en la criminalidad organizada gestada en la antigua Unión Soviética", gracias a lo cual contaba con una cantidad de bienes "sobresaliente".

Como ejemplo, la Fiscalía destaca que éste disponía de una tarjeta de crédito elaborada con titanio cuyas condiciones previas en Estados Unidos requerían gastar al año más de 200.000 euros.

Entre las labores que, según el fiscal, desarrollaban las organizaciones que estaban a su cargo estaban las de ofrecer protección criminal a empresarios de distintos sectores a los que se garantizaba el asesinato de sus competidores, controlar los principales casinos de Moscú o lograr lo que denomina "optimización de las condenas", en referencia a la prestación de favores a representantes de las fuerzas de orden público y los órganos judiciales a cambio de reducir las penas de sus allegados.

Al menos desde 2003 la organización contaba con varios miembros en España que utilizaban las citadas sociedades para invertir el dinero ilícitamente conseguido en la compra de inmuebles en las provincias de Alicante y Málaga, que en algunos casos les llegaron a costar 730.000 euros.