Espera que se pueda conocer "la verdad" y "establecer responsabilidades" sobre una cuestión "muy grave"
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El abogado franco-español Juan Branco ha asegurado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que las autoridades francesas habrían jugado un "rol activo" en su secuestro a manos de unidades parapoliciales de Senegal en agosto de 2023 como consecuencia de la denuncia de crímenes de lesa humanidad en el país y por representar al líder de la oposición, Ousmane Sonko.
En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, Branco ha explicado que en su declaración como testigo-víctima ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha asegurado que el país galo tuvo un papel importante en su secuestro porque "el régimen que en la época estaba en Senegal era aliado a Francia en un momento muy delicado" para el país en el terreno.
El letrado espera que la investigación por parte de la Audiencia Nacional sirva para "saber la verdad y establecer responsabilidades eventualmente" sobre una cuestión que considera "muy grave". "La justicia española tiene muchos defectos, pero tiene la cualidad de que sobre cuestiones como esta va en serio y no se deja fragilizar por consideraciones políticas, lo que desafortunadamente pasa mucho más en Francia", ha denunciado.
LAS RAZONES DEL SECUESTRO
En este contexto, Branco ha explicado las dos razones que desde su punto de vista habrían llevado a su captura. "Yo estuve en Senegal por dos razones: la primera es que acababan de arrestar a mi cliente Ousmane Sonko que era en la época el principal opositor, lo acusaron de terrorismo después de un pretexto de haber robado un teléfono y había pedido que él asistiera como abogado durante su detención", ha explicado.
La segunda razón, ha añadido, habría sido su trabajo de colecta "de pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Senegal" y su participación en "una conferencia de prensa" en el país. "Fue después de haber participado que se dictaminó la orden de detención", ha sostenido.
Cabe recordar que fue el pasado mes de marzo cuando el juez acordó que era necesaria su testifical y pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares un informe sobre la actuación de los servicios consulares en Mauritania y Senegal en relación a la detención.
El magistrado accedía en ese auto, también recogido por esta agencia de noticias, a lo solicitado por la Fiscalía, que sostiene en su informe que correspondería a la Audiencia Nacional "conocer de los hechos denunciados a la jurisdicción española, si estos hechos fuesen calificados como delito de terrorismo cometidos contra ciudadano español".
Se trata, sin embargo, de una "calificación que", según el fiscal Emilio Miró, "no puede realizarse en este momento inicial de la investigación sin la práctica de diligencias dirigidas a la comprobación de los hechos, sus partícipes y la finalidad pretendida con los mismos".
En la querella, el abogado Aitor Martínez --que representa a Branco-- relata que su cliente fue secuestrado en Mauritania "por parte de un grupo armado sin distintivos oficiales, con posterior traslado subrepticio a Senegal por vía fluvial o terrestre cuando se encontraba ejerciendo labores jurídicas en su condición de 'assistant to counsel' de la Corte Penal Internacional, en relación a una denuncia sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en la jurisdicción senegalesa".
"EN PARADERO DESCONOCIDO"
"El secuestro en territorio mauritano y posterior traslado contra su voluntad a Senegal, siendo encapuchado, maniatado y maltratado en todo el tránsito, se realizó por parte de un grupo de personas encapuchadas y armadas, por vía terrestre y fluvial, siguiendo las instrucciones directas de uno de los querellados, el jefe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía de Dakar (Senegal), Adramé Sarr", sostiene.
Sarr sería, según apunta la querella, un "miembro de los cuerpos policiales que habían sido denunciados por Juan Branco ante la Fiscalía de la Corte penal Internacional".
La propia querella, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, señala que "durante todo el tiempo que duró el secuestro y el traslado fronterizo, Branco estuvo en paradero desconocido, escondiendo su secuestro e ilegal traslado transfronterizo a las autoridades consulares españolas de Mauritania y Senegal, quienes no tuvieron información sobre el paradero del ciudadano español durante todo el tiempo en que duró esa transferencia bajo secuestro".
