BILBAO, 19 May. (EUROPA PRESS) -
Tamara Martínez, la abogada de la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en el denominado 'caso del falso monje Shaolín', ha asegurado que, en principio, tiene intención de solicitar un total 50 años de prisión para Juan José Aguilar por los asesinatos "con alevosía y ensañamiento" de Jenny Sofía Rebollo y Maureen Ada Otuya. Además, también pedirá que se le condene por detención ilegal de Otuya, lo que podría suponer entre cuatro y seis años de cárcel.
No obstante, la letrada ha señalado que, para formalizar su escrito de acusación, tiene que analizar el presentado por la Fiscalía vasca, del que, según ha asegurado, todavía no ha tenido conocimiento, y que reclama un total de 20 años de prisión para Aguilar --20 por cada uno de los dos asesinatos "con alevosía"--, y una indemnización de 300.000 euros para los familiares de las víctimas.
En declaraciones a Europa Press, Martínez ha afirmado que su intención es la de solicitar para el encausado la pena máxima de 25 años de cárcel por cada uno de los crímenes, que cree que se han cometido "con ensañamiento y alevosía". También prevé exigir cantidades más elevadas de indemnizaciones a las víctimas.
Asimismo, considera que el acusado también ha cometido un delito de detención ilegal, en el caso de Maureen Ada Otuya, que está penado con entre cuatro y seis años de cárcel.
CRÍMENES
El día 2 de junio de 2013, Ada Otuya fue trasladada al Hospital en estado de coma tras haber sido agredida brutalmente en el gimnasio de Bilbao que regentaba Aguilar, después de que vecinos alertaran de que ésta había sido arrastrada al local y se encontraba gritando.
Los agentes que se desplazaron al lugar encontraron a la joven maniatada y estrangulada con una soga, por lo que procedieron a la detención inmediata del 'falso monje Shaolín', que se encontraba en el lugar. La joven falleció tres días después en el centro hospitalario.
Durante el registro de las propiedades del supuesto asesino, la Policía vasca encontró restos descuartizados de otro cadáver, que pertenecían a Jenny Sofía Rebollo, de nacionalidad colombiana, y que habría sido asesinada también en el gimnasio días antes.
La Fiscalía mantiene que en ambos casos que el acusado tenía ánimo de acabar con la vida de sus víctimas, que no tuvieron posibilidad de defensa o de huir.
