PONTEVEDRA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio contra la vecina de Silleda María Sara Darriba de Jesús, acusada de homicidio en grado de tentativa por el degollamiento de Lucila Esther R.D. en su casa de A Caiera, en el municipio de Poio, el 1 de febrero de 2013. Restos de AND y la señal del teléfono móvil sitúan a la procesada en el lugar del crimen.
Una vez escuchados los testimonios de la víctima y su presunta agresora, así como de los familiares, policías y forenses que tuvieron alguna intervención en los hechos, el fiscal del proceso, Jesús Calles, sigue manteniendo que el móvil de la acusada fue cobrar toda la pensión de viudedad tras la muerte su marido y exmarido de la víctima: "María Sara sabía que si fallecía doña Lucila se acabarían sus problemas económicos", ha abundado.
La "prueba fundamental" que ve el fiscal es la declaración testifical de la víctima, que habló de forma "clara, precisa, rotunda y contundente" y tanto en su declaración esta semana ante la Sección Cuarta de la Audiencia como en la fase de instrucción del procedimiento judicial aseguró "sin ningún género de duda" que la persona que le cortó el cuello con un cuchillo fue la segunda mujer de su exmarido.
El representante del Ministerio Público se apoya, además, en otras pruebas como el resultado de los análisis de AND que realizó la Guardia Civil a una serie de restos biológicos y vestigios localizados en el coche de la procesada, y también en el examen de las llamadas telefónicas de la presunta agresora, que contradicen a la acusada cuando dice que no se movió de Silleda, ya que los repetidores del sistema de telefonía la sitúan en la zona de A Caeira, donde vivía la víctima.
Asimismo, la cámara de seguridad de una vivienda cercana a la casa donde se produjo el degollamiento captó un coche de iguales características al vehículo marca Mercedes de la procesada.
El abogado defensor de María Sara niega todas las acusaciones y pide la nulidad de las actuaciones realizadas en este procedimiento, argumentando que su clienta "no ha podido defenderse con totales garantías" y que se realizaron diligencias policiales que "no cumplían la legalidad", tales como el registro del coche de la procesada sin su autorización.
GASTOS SANITARIOS
Frente a él se manifestaron los abogados de la víctima y del Servizo Galego de Saúde, este último para reclamar a la acusada el pago de los gastos sanitarios derivados de las heridas de la víctima y de su atención médica entre el 1 de febrero y el 18 de marzo de 2012, que han cifrado en 19.210,36 euros.
La Fiscalía y la acusación particular piden para la procesada una condena de siete años de prisión.
