BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron (PSC), el concejal de Urbanismo, Ramón Bassas (PSC) y la letrada del servicio de Urbanismo, Maria Luïsa Guanyabens, declararon este viernes en Juzgado número 3 de Mataró, en una vista previa por el caso Can Fàbregas. En el transcurso de la vista los tres representantes del consistorio ejercieron su derecho a no contestar a las preguntas de las acusaciones populares, formadas por la CUP y por el Col·lectiu Ronda.
La abogada del colectivo, Laia Manté, expresó, en declaraciones a Europa press, la decepción que habían sentido ante la negativa del jefe del consistorio por negarse a "aclarar" cómo se habían desarrollado los hechos.
Manté explicó que tanto el alcalde como sus compañeros habían insistido en la legalidad y la honestidad del proyecto de traslado de la fábrica de principio de siglo. Por su parte, la abogada entiende que "no responder a las preguntas no ayuda a reafirmar la legalidad que proclaman".
El juez aceptó la admisión a trámite de la querella presentada el 4 de enero por la Fiscalía de Barcelona y la imputación de los tres miembros del gobierno municipal. Además, pidió como medidas cautelares detener el proyecto y almacenamiento de la antigua fábrica y la eliminación de los restos del subsuelo.
La Fiscalía pone de manifiesto que la nave industrial es un bien catalogado y que el desmantelamiento del edificio se ha hecho sin respetar el plan de patrimonio arquitectónico. Además, el traslado no ha tenido en cuenta los elementos del subsuelo que, según el fiscal, es donde se encuentran los "elementos de interés histórico".
El proyecto prevé la construcción de un Corte Inglés en el lugar donde estaba la fábrica. A día de hoy ya se han trasladado la práctica totalidad del edificio a un lugar que, según Manté, tampoco es "apto" para almacenar los bloques.