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MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Sant Boi (Barcelona), Jaume Bosch, ha negado este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano que sufriera "ninguna presión" para favorecer intereses de Azkar en terrenos próximo al aeropuerto de El Prat. El alto tribunal investiga si el ex ministro de Fomento José Blanco medió para la concesión de unas licencias a petición del vicepresidente de la empresa de transportes, José Antonio Orozco.
Tras apenas tres cuartos de hora de declaración, Bosch ha explicado a las puertas del tribunal que durante el interrogatorio ha ofrecido al magistrado "toda la información" que le ha pedido y que "ha quedado muy claro" que no hubo ninguna presión que pudiera influir en el expediente administrativo, "que culminó con el otorgamiento de una licencia completamente legal".
Bosch había llegado las once y media de la mañana al Tribunal Supremo, donde había sido citado en calidad de testigo por eljuez Soriano, que investiga al exministro socialista José Blanco por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en la denominada 'Operación Campeón', que desarticuló una supuesta trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas.
Ya en el momento de su entrada al alto tribunal , Bosch había comentado ante las preguntas de los periodistas que había venido para contar "lo que pasó" y negó que se hubiera dado trato de favor por parte del exmandatario socialista al vicepresidente de Azkar con relación a las citadas licencias. "No, no, de ninguna manera", señaló de forma tajante.
NO INTERVIENE EN LICENCIAS
Una vez dentro, y a preguntas del fiscal Manuel Dolz, Bosch ha señalado que como alcalde constantemente recibe a particulares y empresas que se interesan por expedientes administrativos, en los que nunca interviene por creer que son "tarea de los técnicos".
No obstante, el alcalde del PSC ha manifestado que nunca antes de este caso había recibido ninguna llamada de cargos de la administración para interesarse por el estado de licencias. Seguidamente ha reconocido, eso sí, que si le hubiera llamado directamente el empresario Orozco, en vez del secretario de Estado, le hubiera recibido igualmente.
En este caso, ya existían informes favorables a la licencia solicitada por Azkar, y se encontraban a la espera de recibir un informe de AESA. Por ello, ha insistido que "no se vio condicionado" por la llamada del secretario de Estado y que con Blanco no ha hablado nunca.
La comparecencia de Bosch, prevista en principio para el jueves 29 de marzo, cuando está convocada la huelga general, fue adelantada por el magistrado instructor en interés de evitar las posibles complicaciones en transportes y comunicaciones que puedan derivarse del paro de los trabajadores.
En la exposición razonada que la jueza que investiga la trama en Lugo, Estela San José, remitió al Tribunal Supremo a finales del pasado año se señalaba que el exministro podría haber incurrido en delito por sus relaciones con Orozco y con el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, que fue quien le implicó. La magistrada basó dicha acusación, con el beneplácito de la Fiscalía, en la existencia de numerosos mensajes que Blanco se envió con Orozco sobre las licencias de una nave en Sant Boi (Barcelona).
En este contexto, el vicepresidente de Azkar reconoció ante el alto tribunal haber informado al exministro de una parcela cercana al aeropuerto de El Prat donde su empresa planeaba construir una plataforma logística.
Azkar no había logrado completar los trámites administrativos para conseguir la licencia de obras, que dependían del Ayuntamiento de Sant Boi, y así se lo dijo a Blanco, aunque Orozco puntualizó durante su declaración que no le pidió al ministro que hablara con el alcalde para que le arreglara este problema. No obstante, días después Orozco recibió una llamada Secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas y tuvieron una reunión con el regidor, llegando a obtener la licencia.
Mañana comparecen igualmente como testigos María Isabel Fernández y Marta Andón, empleadas de la farmaceútica Laboratorios Nupel, propiedad de Dorribo. Para el miércoles, el magistrado Soriano ha citado también a declarar en calidad de testigos a otros dos empleados de esta empresa, José Amador Fernández Rodríguez y a Jennifer Álvarez.
