Reclama cambios en las leyes, más financiación municipal y participación ciudadana para luchar contra la corrupción urbanística
MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, aseguró hoy que la corporación municipal "no está bien" en estos momentos, y señaló que están a la espera de que el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) y la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) les den una respuesta acerca de si pueden volver a intervenir, en el Pleno del ayuntamiento, en los asuntos relativos a Onde 2000, la empresa de Francisco Hernando, más conocido como El Pocero.
En una rueda de prensa para la presentación de un manifiesto popular contra la corrupción urbanística ('Manifiesto ciudadano: A propósito de Seseña. Por dignidad, no a la corrupción urbanística'), recordó que actualmente los concejales de su formación (IU) no pueden intervenir en los plenos que tengan que ver con Onde 2000, puesto que están recusados de esos asuntos, después de haber recibido tres querellas por parte de El Pocero.
A su juicio, esta es una situación "inusual y esperpéntica", por lo que manifestó su deseo de que los informes del MAP y la FEMP les digan que pueden "seguir trabajando" y poder llevar al pleno los asuntos relativos a Onde 2000. Según dijo, su participación es necesaria para "poder sacar adelante" los proyecto de El Quiñón -la urbanización construida por Hernando- de la mejor manera posible.
En este sentido, subrayó que el constructor está "coartando" la libertad de ejercicio de los cargos públicos "legalmente elegidos", por lo que le acusó de desarrollar una actuación "torticera" y un "abuso de derecho" que está "perjudicando" a los ciudadanos de Seseña al no permitir al alcalde y su corporación "para la defensa de sus intereses generales".
Así, alertó de que mientras esta situación se prolongue en el tiempo, se estará afectando a terceras personas, particulares y otras empresas, puesto que "cuanto más tarde" se aprueben los proyectos relativos a El Quiñón en buenas condiciones, "más tarde podrán entrar a vivir en ellas".
MODIFICACIONES LEGALES
Por otro lado, reclamó que se modifiquen las leyes, concretamente la Ley del Suelo, se aumente la financiación local, se aclaren las competencias de cada administración y se dé participación a los ciudadanos a través de los instrumentos que tienen los ayuntamientos, para intentar así evitar nuevos casos de corrupción urbanística. En su opinión, la corrupción nace porque no hay transparencia ni participación ciudadana, por lo que destacó que "allí donde no hay participación es donde se pueden producir pelotazos".
En lo que tiene que ver con el suelo, resaltó la importancia de que éste sea "público", ya que, según dijo, cuanto más suelo disponible hay para edificar según la Ley del Suelo, "más caras son las viviendas según la ley del mercado". "Liberemos suelo para que sea suelo público, para que las plusvalías se generen a través de los ayuntamientos y sean éstos los que reinviertan esas plusvalías luego en el beneficio general de la población, porque es inadmisible que se internalicen los beneficios de las empresas y se externalicen los servicios", solicitó.
Resaltó, además, que "en ningún caso" un municipio puede aceptar que quien determine cómo tiene que ser el municipio tenga que ser un empresario. Dijo esto al recordar que Hernando reconoció hace unas semanas su intención de construir "la ciudad de su vida y que toda España tendría que sentirse orgullosa". Sin embargo, Fuentes insistió en que son los vecinos a través de sus ayuntamientos los que tienen que determinar cómo quieren que sea el pueblo, porque lo contrario es "alarmante".
También denunció los problemas de infraestructuras que está teniendo El Quiñón, concretamente con el agua. "Narbona y Barreda acordaron un convenio para llevar agua a Seseña y demás municipios de la Sagra Alta desde Almoguera, presupuestado en 100 millones de euros que pagará la administración pública con fondos europeos. Se están realizando obras para duplicar el caudal de agua para repartirlo por toda la Sagra, y son unas obras que no acabarán hasta 2009 o 2010", aseguró.
MANIFIESTO
Fuentes, quien fue el primero en firmar de su puño y letra el manifiesto presentado -puesto que hasta ahora sólo se puede firmar en internet-, comentó que éste es "muy directo" y explica con "rotundidad" cual es la problemática, basada en que se está fundamentando el crecimiento económico del país en "poner ladrillo sobre suelo". Además, alertó sobre lo que podría pasar en un futuro si las personas relacionadas con la construcción y la corrupción urbanística invirtieran en un futuro, por ejemplo, en el sector energético.
"Los ciudadanos se tienen que manifestar en la calle y tienen que confiar en los alcaldes, que intentamos ser responsables y respetuosos, no dejar una hipoteca de por vida en nuestros municipios. Seguro que como yo tiene que haber muchísimos otros alcaldes en nuestro país, y lo que hay que hacer es dignificar la función pública y salvar el buen nombre de las instituciones", indicó.
El pasado 15 de noviembre un grupo de ciudadanos hizo público en internet -en el periódico digital La República- este manifiesto. Casi un mes después, los promotores de la idea aseguran que, casi sin medios, ya son unas 2.600 las firmas recolectadas a través de la red, entre las que destacan, además de organizaciones como la Asociación Española Pro Derechos Humanos, escritores como Lucía Etxebarría o políticos como Julio Anguita y Francisco Frutos.
En la rueda de prensa estuvieron también presentes el director del periódico que publicó el documento, Javier Parra, y uno de los promotores de la iniciativa, Ricardo Rodríguez. Ambos insistieron en que se trata de un texto abierto a todos los ciudadanos que quieran suscribirlo, con una decisiva "importancia moral", ya que, según dijeron, de momento no piensan en intentar darle valor legal. Eso es algo que se plantearán cuando el número de firmas crezca de manera considerable.
El manifiesto respalda concretamente la actitud del alcalde de Seseña frente a la campaña de amedrentamiento al que le ha venido sometiendo el empresario inmobiliario 'El Pocero'. Pero no sólo se habla de Seseña en el manifiesto. Así, en él se llama a la ciudadanía a decir basta "ante el monumental saqueo de riqueza pública que en este país se viene realizando a golpe de pelotazo inmobiliario, recalificación y comisiones ilegales, por multitud de Poceros repartidos por toda la geografía nacional", entre los que menciona los casos de Marbella, Ciempozuelos, Camas, Alicante o Telde.
"PASIVIDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS"
Asimismo, denuncia la "pasividad, cuando no connivencia" de los poderes públicos y de las direcciones de los partidos políticos mayoritarios, que "se limitan a emplear la corrupción inmobiliaria como arma arrojadiza electoral". En el manifiesto se exige, además, el final de la impunidad de la que han venido gozando los corruptos y profundas reformas, tanto en la ley como en la ejecución de las leyes que ya existen.
Según resalta, estas reformas tendrían que estar encaminadas a eliminar la "inmensa trama" de intereses económicos privados que nutren la corrupción, entre los que están el beneficio privado derivado de las recalificaciones, la destrucción de patrimonio de suelo público en la práctica totalidad de municipios del país o el "mercadeo incluso con viviendas de protección pública de forma impune".
En suma, se entiende que la corrupción urbanística destruye derechos fundamentales de la ciudadanía reconocidos en la Constitución, siendo el más importante de ellos el derecho a la vivienda, al tiempo que se considera que atajar esta "lacra" sólo será posible por medio de la "presión democrática y contundente de la ciudadanía".
