La alcaldesa de Mollerussa (Lleida) niega a la juez las acusaciones de prevaricación del arquitecto municipal

Actualizado: lunes, 23 noviembre 2009 19:08

LLEIDA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Mollerussa (Lleida), Teresa Ginestà (PSC), dijo hoy a la juez que las acusaciones que pesan sobre ella por parte del arquitecto municipal de prevaricación y de irregularidades urbanísticas en la gestión de cuatro expedientes son "infundadas".

Ginestà reiteró que la concesión de las licencias municipales y la tramitación de los expedientes es "impecable". En la declaración ante la juez de Instrucción número 4 de Lleida, aportó documentación técnica de cómo se concedieron estas licencias municipales y describió los expedientes urbanísticos.

La alcaldesa aseguró que ahora deja en manos de la justicia la resolución de las acusaciones del arquitecto municipal Xavier Martínez.

En el mismo sentido declararon las otras tres personas llamadas por la juez, contra quienes también el arquitecto interpuso esta querella criminal, dos ediles del PSC, Eduard Comalada y Francesc Reixachs, y el secretario municipal.

El arquitecto municipal se encuentra suspendido de empleo "aunque no de sueldo", afirmó Ginestà, a la espera de que se resuelva un expediente disciplinario contra él, por la difusión en una página web de un informe interno encargado por el equipo de gobierno sobre la nueva carretera de Miralcamp.

Ginestà afirmó que lo que se hizo fue una "redistribución" de sus tareas, asignándole trabajos propios de arquitecto superior, como es la redacción de proyectos

Ramon Figuera, abogado de Xavier Martínez, que no asistió al juzgado alegando problemas personales derivados de una depresión, aseguró que "querían quitárselo de encima", y que su cliente no divulgó ni filtró información confidencial.

El abogado recordó que la querella fue presentada por su cliente acusando de prevaricación urbanística basada en cuatro actuaciones concretas que realizó el consistorio.

Entre otras acusaciones, afirma que el Ayuntamiento adjudicó unas obras a una empresa local a pesar de quedar segunda en un concurso público y presentar una oferta más costosa. También acusó al consistorio de obligarle a firmar acciones que él consideraba "irregulares", como la de un promotor local que optaba a un concurso de viviendas de protección oficial pero que tenía previamente abierto un expediente por obras irregulares, al que igualmente adjudicó la construcción de las viviendas.

En los próximos días la juez determinará si existen causas para abrir un juicio, o si se archiva la acusación.