Ha comunicado la fecha a la defensa del expresident Carles Puigdemont y el resto de encausados
MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha fijado para el 16 de diciembre la audiencia previa sobre el presunto desvío de fondos para los gastos del referéndum ilegal de Cataluña del 1-O y la acción exterior del 'procés' en el marco del procedimiento que se sigue contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y varios cargos y excagos del Govern, a quienes se les reclama 3,4 millones de euros --de forma conjunta y solidaria-- en concepto de responsabilidad contable.
El órgano fiscalizador ha notificado este viernes a las defensas de los encausados --entre los que figura también el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras-- la decisión del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento.
Según ha explicado el tribunal, la audiencia previa es un trámite anterior a la celebración del juicio, que --hasta el momento-- no tiene fecha prevista. Dicha audiencia, ha precisado, tiene por finalidad resolver las "excepciones procesales" que hayan podido plantear los demandados y la proposición de prueba.
La decisión tiene lugar después de que el pasado abril el tribunal apartara --a petición de la Fiscalía-- a los exconseller Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otros 14 excargos del Govern de la lista de personas a las que se les reclama los fondos presuntamente desviados.
FISCALÍA CALCULA 3,4 MILLONES DE EUROS DESVIADOS
El Ministerio Público rebajó en abril las estimaciones del órgano fiscalizador sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el tribunal a 3,4 millones de euros: 2,2 millones relativos a los gastos de acción exterior y 1,2 millones vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017.
Según explicó, la responsabilidad contable de algunos de los presentes en el procedimiento disminuyó "de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora" del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana porque "los demandados y las cuantías son divergentes".
En su escrito, la Fiscalía defendió que su trabajo había sido "minucioso" y que había atendido --"por razones de coherencia"-- a la postura procesal del Ministerio en cada uno de los procedimientos en los que los posibles responsables resultaban investigados, encausados, acusados o procesados.
En este sentido, explicó que la parte de la demanda dedicada a los gastos del 1-O "cumple la encomienda realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que condenó a los miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, entre otros, por el delito de malversación". En este caso, la Fiscalía estimó pertinente reclamar la responsabilidad contable a Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. También incluyó en su demanda a tres "rebeldes": Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
Respecto a la parte de la demanda relativa a los gastos de la acción exterior, el Ministerio Público incluyó tanto los viajes realizados por el expresidente y los exconsejeros del Govern como los gastos efectuados por las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades del Diplocat, tanto aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista como otra serie de gastos.
SCC APUNTA A 5,3 MILLONES DE EUROS
Por su parte, Sociedad Civil Catalana presentó demanda contra 11 exaltos cargos del Govern, entre los que incluye a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y al exvicepresidente Oriol Junqueras, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. Les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.
Inicialmente, sin embargo, el Tribunal de Cuentas fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consell de la Diplomcia Pública de Catalunya, conocido como 'Diplocat'. Por su parte, cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.
El verano pasado, en el marco de la causa, Puigdemont presentó un recurso contra la cifra reclamada por el Tribunal de Cuentas al considerar que tenía "reconocida inmunidad como europarlamentario" que alcanzaba a "cualquier instancia y jurisdicción", incluido el órgano fiscalizador. Sus argumentos fueron desestimados.
EL DEBATE POR LAS FIANZAS Y LOS AVALES
Posteriormente, el debate versó sobre las fianzas que los encausados debían aportar ante el tribunal de cara al juicio. Cuando el órgano reclamó los 5,4 millones de euros, varias de las defensas consideraron oportuno presentar avales públicos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para evitar el embargo de bienes.
En un principio, el tribunal no aceptó esta modalidad. La delegada instructora señaló que "atendiendo a la coherencia del sistema de indemnidad del agente público", y a la interpretación del Código Civil, "el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado". Finalmente, la Sala de Justicia del órgano corrigió la decisión y permitió a los encausados presentar los avales públicos.
Tras admitir dichos avales, el tribunal aceptó devolver a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) los 2,1 millones de euros que depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de los exaltos cargos del Govern encausados.
En paralelo, el PP, Vox y Ciudadanos presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional contra el fondo que creó la Generalitat de Cataluña para cubrir los avales de las fianzas que reclamaba el Tribunal de Cuentas para excargos del Ejecutivo catalán. La corte de garantías admitió a trámite los recursos, pero aún no se ha pronunciado sobre el asunto.
