Amnistía Internacional denuncia que las medidas en materia de desahucios son "insuficientes"

Actualizado 16/11/2012 19:51:41 CET

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha denunciado este viernes que las nuevas medidas de protección de los deudores hipotecarios, aprobadas este jueves en Consejo de Ministros, son "claramente insuficientes", tanto en relación al proceso de adopción, como en su contenido.

En concreto, ha señalado que el Gobierno ha excluido "totalmente" del diseño de estas medidas a las personas afectadas y sus organizaciones, "contraviniendo recomendaciones de Naciones Unidas" para garantizar la participación de estos colectivos en el diseño de las políticas de vivienda.

En cuanto al contenido, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha asegurado que, si bien en la exposición de motivos destaca la necesidad de reforzar el marco de protección a los deudores, el real decreto "no alude ni una sola vez al derecho a una vivienda adecuada, no propone ninguna reforma legislativa que garantice un recurso judicial efectivo a todas las personas que les permita defender sus derechos ante un desalojo, ni incluye la necesidad de realizar una evaluación del impacto de los desalojos en las personas".

Asimismo, la organización ha advertido de que el real decreto recomienda al Gobierno que promueva un fondo social de viviendas, procedentes de las entidades de crédito pero no fija "un calendario claro ni una hoja de ruta definida". "Además, no exige al Gobierno información clave en materia de vivienda, como la actualización del censo de viviendas vacías, que data del 2001, ni de otro tipo de información con la que dar una respuesta habitacional eficaz para las personas ya desalojadas", ha añadido.

De esta forma, de acuerdo con Amnistía Internacional, el Gobierno vuelve a "desoír las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda y reincide en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia del derecho a una vivienda adecuada". Además, ha recordado que la normativa internacional prohíbe los desalojos sin garantías de protección de los derechos humanos.