Con sus preguntas, las defensas quieren hacer ver la distinta forma de actuar del tripartito respecto a otras corporaciones del GIL
MÁLAGA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La exasesora jurídica adscrita al departamento de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Raquel Escobar ha asegurado que el presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, en reuniones previas a la comisión de gobierno, "prestaba un asesoramiento y digamos que proponía en la mayoría de los casos el sentido del voto o el sentido de lo que consideraba que se debía de aprobar o no" respecto a licencias urbanísticas.
Escobar ha declarado como testigo este lunes en el juicio del caso 'Malaya', en una sesión de mañana y tarde, contestando a las preguntas de las partes sobre el urbanismo en Marbella y, en concreto, acerca del procedimiento que se seguía en el Consistorio a la hora de aprobar los permisos de edificación, los proyectos de ejecución y las licencias de primera ocupación, también por silencio administrativo.
La testigo ha explicado a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que antes de las comisiones de gobierno había unas reuniones en Planeamiento 2000, a veces en el despacho de Roca o en dependencias anexas, en las que se daba cuenta de los expedientes de licencias de obra y se daba "un conocimiento bastante exhaustivo" del contenido del informe técnico, tanto respecto al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 como de la revisión del planeamiento.
A esas reuniones asistía Roca, ella, algún técnico y los entonces ediles que luego formaban la comisión de gobierno o junta de gobierno local. Ha señalado que en ese momento se adoptaba un "preacuerdo" y "se manifestaba por el señor Roca cual consideraba el sentido en el que debía ir la licencia y sí se señalaba si iba en sentido favorable o denegatorio" conforme a esa revisión del plan, que no estaba aprobada definitivamente.
Ha explicado que había algunos permisos de obra "sujetos a poca controversia", pero otros con "mayor controversia", debido a su adecuación al planeamiento o por deficiencias. Era en estos últimos, ha señalado la exasesora, en las que "el señor Roca solía tener una intervención mayor y solía concluir que consideraba que procedía o no el otorgamiento de la licencia", por lo que "su intervención se hacía más notable".
Según Escobar, Roca sabía unos días antes a la celebración de la reunión previa los asuntos que se iban a tratar, ya que se le mandaba una copia del orden del día como ocurría con los miembros de la comisión de gobierno. Luego, se remitía este listado a Secretaría, aunque podía ser diferente al que llegaba a la comisión porque "en ocasiones el señor Roca o tal vez el alcalde había dado orden de que se incluyera algún asunto de última hora o que se excluyera otro".
CON EL TRIPARTITO
Ha asegurado que los ediles del equipo de gobierno en las primeras legislaturas del GIL eran "absolutamente" conscientes de que se otorgaban las licencias según la revisión de 1998; de hecho, ha apuntado que hubo dos acuerdos de pleno en este sentido, por lo que era un "criterio político". Las defensas han tratado de diferenciar la forma de proceder en el urbanismo tras la moción de censura contra el exalcalde Julián Muñoz en 2003.
Así, a preguntas de los letrados esta tarde, ha concretado que con el tripartito --formado por concejales del GIL, del PSOE y por el PA--, se concedían las licencias sólo según el plan de 1986, ya aprobado, y los informes técnicos eran únicamente respecto a ese PGOU. Además, en esa legislatura, a las reuniones previas solían acudir los cabezas de esas tres formaciones, aunque como no eran oficiales las personas cambiaban.
Escobar ha aseverado que tras la modificación de la legislación, los expedientes urbanísticos estaban "perfectamente informados" tanto técnicamente como jurídicamente, ya que se incorporaban ambos dictámenes; y ha apuntado que con la sola lectura de sus informes jurídicos, entiende que los exediles podían determinar la legalidad o ilegalidad de los permisos que se iban a conceder.
Ha manifestado que el principal acusado "tenía conocimiento de absolutamente todo lo que tuviera que ver con el urbanismo de Marbella, tanto desde el punto de vista jurídico como técnico", mientras que la exalcaldesa, Marisol Yagüe, "sus conocimientos de urbanismo considero que son nulos", es decir, "tiene un desconocimiento profundo de este área y se dejaba asesorar mucho por el señor Roca".
REVISIÓN Y PRIMERA OCUPACIÓN
En cuanto a las licencias de primera ocupación, ha indicado que el criterio fue cambiando según las decisiones de los tribunales y ha señalado que la filosofía era concederlas si eran conformes a la licencia de obra previamente concedida, sin perjuicio de que su criterio personal era proceder a la revisión de ese primer permiso si no se adaptaba al planeamiento. También se contemplaba otorgarlas por silencio administrativo.
No obstante, al respecto, Escobar ha precisado que en casos de licencias de primera ocupación en las que hubiera informes jurídicos contrarios o no se habían concedido por "desajustes", el secretario municipal "procedió a certificar" algunos de esos permisos, sosteniendo, en una reunión en la que también estuvo el principal acusado, "que el silencio positivo era incuestionable", según ha manifestado.
Por su parte, también ha declarado la que fuera secretaria de Roca durante 15 años María José Lobera, quien ha asegurado que recuerda conversaciones con miembros de la Junta de Andalucía "y la sintonía siempre ha sido buena, o al menos eso parecía". Además, ha ratificado que cuando fue detenido por el caso 'Saqueo' ella atendió llamadas de personas ofreciendo su ayuda y dar dinero, entre ellas, empresarios, personas de relevancia en Marbella y promotores sin intereses en la ciudad.
Lobera ha indicado que "el principal vicio del señor Roca ha sido siempre trabajar". "Era una persona que no tenía horario en el trabajo, siempre estaba con el móvil, con sus listas de temas", ha apuntado, añadiendo que "más horas que el reloj hemos estado en esas oficinas de Planeamiento" cuando trabajaba para él en esa sociedad municipal.
En la sesión de este lunes también ha comparecido uno de los entonces responsables de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, y que participó en la investigación del caso 'Malaya', quien ha considerado, a preguntas de las defensas, que en la incautación y el precinto de la documentación relacionada con esta operación se siguieron las normas existentes y se cumplieron los protocolos establecidos.
