AMPL.- El CGPJ abre una investigación sobre los 200.000 dólares cobrados por Garzón durante su estancia en EE.UU.

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy abrir una investigación sobre el cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo más de 200.000 dólares durante su estancia académica en Estados Unidos, entre entre marzo de 2005 y junio de 2006, a la vista del auto dictado ayer por el Tribunal Supremo en el que se sugiere que el magistrado podría haber incurrido en una falta disciplinaria al no haber comunicado dicha circunstancia al órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes del CGPJ señalaron hoy que esta decisión supone transformar en diligencias informativas el expediente sobre este asunto que se venía tramitando en el órgano de gobierno de los jueces bajo la denominación de información previa.

Precisamente hoy la Inspección del Consejo proponía archivar la citada información previa, que fue abierta el pasado mes de noviembre a raíz de una denuncia que presentó un abogado alicantino ante el CGPJ contra Garzón por los mismos hechos.

En esta denuncia, idéntica a una querella ante el Supremo que ha sido finalmente archivada, se acusaba al magistrado de cohecho y prevaricación por haber haber recibido supuestamente 1,7 millones de dólares del Banco Santander Central Hispano (BSCH) por la presentación de un ciclo de conferencias en Estados Unidos, celebrado durante la licencia por estudios de la que disfrutó el juez en dicho país, y luego archivar una causa judicial contra la entidad bancaria.

Ahora, el CGPJ se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo le remita determinada documentación que le fue enviada por la Universidad de Nueva York en el curso de la tramitación de la querella antes señalada. Los documentos especifican las cantidades relacionadas con la estancia del magistrado en este centro académico.

En el auto de archivo de la querella dado a conocer ayer, el alto tribunal considera que los hechos denunciados por el letrado alicantino carecen de relevancia penal, si bien advierte que la ocultación por parte del juez de las cantidades que percibió del Centro Rey Juan Carlos I de España y el Centro de Derecho y Seguridad de la universidad de Nueva York podría ser determinantes de responsabilidad ante el CGPJ.

Apuntaba el Supremo que la Ley orgánica del Poder Judicial sanciona en su artículo 417.11 como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos", y que habría que investigar el caso porque cuando Garzón pidió prórroga de licencia tras su primera etapa en EE.UU "no consta que hiciese advertencia alguna sobre la naturaleza y cantidad de los ingresos percibidos y gastos que le fueron satisfechos".

Según el auto dado a conocer hoy, el Centro Rey Juan Carlos asumió el pago de gastos de viaje por 21.152 dólares y la escolarización de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Además, El Centro de Derecho y Seguridad pagó a Garzón otros 160.333,14 dólares por organizar los cursos denominados "Diálogos Transatlánticos" y "Seguridad Jurídica".

Fuentes del Consejo señalaron hoy que una de las cuestiones que tendrá que estudiar ahora la Comisión Disciplinaria es la relativa a la prescripción de la supuesta falta de Garzón, puesto que las conductas de carácter muy grave lo hacen a los dos años (Garzón volvió de Estados Unidos en Junio de 2006 y la queja ante el CGPJ tiene fecha de noviembre de 2008). Otra cuestión a tener en cuenta es la caducidad de los expedientes disciplinarios, que es de seis meses.

ARCHIVO DE LA DENUNCIA SOBRE LA CACERÍA

Por otra parte, la Comisión Disciplinaria archivó, a propuesta de su Servicio de Inspección, la demanda presentada por el Partido Popular (PP) contra el juez por participar, junto al ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, en una cacería el fin de semana posterior a las primeras detenciones relacionadas con la denominada 'Operación Gürtel'.

Este acuerdo contó con el voto en contra de la vocal designada a propuesta del PP Gemma Gallego (la juez de instrucción de Madrid en la que recayó el denominado 'caso del ácido bórico', cuya tramitación se disputó en su día con Garzón). Gallego pidió hoy sin éxito a la Comisión que el expediente continuara activo mientras se realizaban nuevas diligencias.

Durante la reunión de la Comisión Disciplinaria de hoy se ausentó durante la discusión de estos asuntos el vocal designado a propuesta del PSOE José Manuel Gómez Benítez (abogado personal de Garzón), que fue sustituido por Gabriela Bravo, informaron a Europa Press en fuentes de este órgano.