AMPL.- El fiscal pide hasta 11 años de cárcel para ex altos cargos de Unió por el 'Caso Pallerols'

BARCELONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal pide nueve años de cárcel para el director de empleo de la Generalitat Lluís Gavaldà en los noventa y militante de UDC desde 1986, y nueve años para la número dos de su departamento Dolors Llorens, por malversación de caudales públicos y cohecho por su implicación en el 'caso Pallerols', que destapó la trama de presunta financiación irregular de UDC con el desvío de cerca de un 10% de las subvenciones que debía servir para cursos de formación ocupacional.

En el escrito de acusación, que ha declarado a Unió responsable subsidiaria, solicita la apertura de juicio contra estos dos ex cargos junto a Fidel Pallerols, empresario andorrano cerebro de la trama junto a su mujer, María de la Cruz Guerrero, y el resto de acusados Vicenç Gavaldà, hermano del primero y que fue secretario de organización de UDC entre 1992 y 1996 y secretario de relaciones institucionales de 1997 a 1999; y Santiago Vallvé, su colaborador y militante desde 1987.

Para Pallerols la Fiscalía solicita 11 años de cárcel por los delitos de malversación, cohecho y falsedad y para su esposa, 8 años de prisión por los dos primeros. Para Vicenç Gavaldà pide 11 años, la pena más alta, y para Santiago Vallvé, 7 años.

El 'caso Pallerols' se destapó después de que un informe de la Guardia Civil revelase que la conselleria de Trabajo, dirigida entonces por democristiano Ignasi Farreras --absuelto del denominado 'Caso Treball'-- había otorgado subvenciones por valor de más de 8 millones de euros a tres empresas de Pallerols para realizar cursos ocupacionales cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

No obstante, más tarde se descubrió que ocho de los 376 cursos no se realizaron y que en 233 tenían diferentes irregularidades. Todos ellos se impartían en las tres sociedades de Pallerols: Centre d'Estudis Informàtics i Formació (Ceifsa); Tèniques Empresarials i ocupacionals (Teosa) y Assessorament i nous desenvolupaments ocupacionals (Andsa).

Según el fiscal, el presunto fraude dio pie a una "confluencia de intereses" entre todos los acusados. Pallerols y su mujer estaban interesados en incrementar la actividad de sus empresas y los importes de las subvenciones, mientras que Vicenç Gavaldà y Santiago Vallvé vieron la oportunidad de obtener de las subvenciones una vía para sufragar los gastos propios del partido.

Lluís Gavaldà y Dolors Llorens obtuvieron a su vez del empresario "favores económicos" para el partido a cambio de otorgarles subvenciones. El fiscal considera que entre otros querían conseguir que un 10% del importe total anual de los fondos que percibían las empresas de Pallerols en concepto de subvenciones fuera "desviada" a fines ajenos a las actividades formativas.

UDC, RESPONSABLE SUBSIDIARIA

El fiscal Fernando Rodríguez Rey deja claro que el hecho que los diferentes acusados, con excepción de Pallerols --lo tilda de mero colaborador ocasional de UDC-- ocuparan cargos en la conselleria de Trabajo entre 1994 y 1999 y en UDC, hace necesario que Unió Democràtica de Catalunya sea declarada responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo.

Solicita que UDC abone 38.978,2 euros por el total de los pagos que se destinó a compra de material de oficina e informática para sedes de UDC y 158.306 por los recursos destinados a nóminas de varios militantes. Para el conjunto de acusados pide que indemnicen a la Generalitat con 595.972 euros.

La acusación constata que la intervención de Lluís Gavaldà y Dolors Llorens fue "determinante" ya que se trataba de fondos públicos de su Dirección General y ambos intervenían de forma decisiva en la concesión de subvenciones. Asegura que pese a conocer el desvío, las mantuvieron e incluso se beneficiaron personalmente de determinadas cantidades.

Vicenç Gavaldà, como destacable responsable de UDC, también tuvo otro papel muy importante en la trama. "Urdío y medió en los pactos relativos a los importes de las subvenciones que cada año destinarían a las empresas de Fidel Pallerols, así como las cantidades que, de las subvenciones, se iban a detraer para destinarlos a fines ajenos a las mismas".

Según el fiscal, el mismo Pallerols rendía cuentas ante él, mientras que Santiago Vallbé actuó de mediador y en ocasiones ayudaba a Gavaldà.

Así, con la ayuda de Vicenç Gavaldà, Pallerols mantenía "constantes" contactos con los altos cargos de la conselleria de Trabajo --Lluís Gavaldà y Dolors Llorens-- con quienes pactaba el importe de las subvenciones a percibir en base a los cursos formativos que promovía a Dirección general de Trabajo.

El fiscal destaca que Pallerols, con el acusado Lluís Gavaldà mantenía una estrecha relación personal, en ocasiones compartiendo celebraciones familiares, vacaciones o inversiones empresariales.

Asimismo, en la calificación figura la finalidad que tuvo parte del dinero desviado. Recoge, a modo de ejemplo, que 70.000 de las antiguas pesetas sirvieron para sufragar la compra y el consumo de móvil para Dolors Llorens en 1997 o las 42.000 pesetas para la compra de puros para la boda de la hija de un ex cargo de Trabajo.

Llorens había militado en UDC desde 1978 y era miembro del comité de Gobierno como responsable de política social y consejera nacional desde 1992.