Socialistas y senadores catalanes votan sí, mientras el PP se abstiene y el PNV también repite su voto en contra
MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado aprobó hoy definitivamente el Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, que entrará en vigor seis meses después de que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con los votos favorables de socialistas, CiU, Entesa Catalana de Progrès, CC y UPN, la abstención del PP y BNG, y el voto en contra del PNV.
Con 130 votos a favor, 122 abstenciones y dos votos en contra, la reforma ha recibido ya su luz verde definitiva, dado que en su trámite parlamentario en la Cámara Alta el texto remitido por el Congreso de los Diputados no ha sufrido ninguna modificación. De esta manera, el Proyecto de Ley será enviado directamente al BOE y entrará en vigor seis meses después.
Tras un debate de cuatro horas de duración no prosperaron ninguna de las enmiendas presentadas por el PP, Entesa Catalana de Progrès y CiU. Las modificaciones planteadas por estos grupos, en su mayoría procedentes del Congreso, tampoco lograron conseguir apoyos en la Comisión de Justicia del Senado celebrada la semana pasada.
De esta manera, el texto votado esta tarde en el Senado no difería en nada del que aprobaron los diputados, como tampoco cambió el sentido de los votos de los grupos, a excepción de ICV. A favor de la reforma votó el Grupo Parlamentario Socialista, CiU, Entesa Catalana de Progrès (formado por senadores del PSC, ICV y ERC). Del Grupo Mixto, dijeron sí UPN y Coalición Canaria.
El Grupo Parlamentario Popular optó nuevamente por la abstención, mientras que en el Grupo de Senadores Nacionalistas los parlamentarios de BNG también se abstuvieron y los del PNV votaron en contra.
El nuevo Código Penal aprobado hoy castigará más a terroristas, pederastas y corruptos y tipificará como nuevos delitos el de piratería, el acoso laboral e inmobiliario, el tráfico de personas y la compraventa de órganos humanos.
CAAMAÑO: REFORMA "NECESARIA Y ADECUADA"
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tomó la palabra al inicio del debate para defender que este proyecto es "necesario y adecuado" y ha sido realizado "con el trabajo de todos para atender a la realidad social del país" y aportar "soluciones responsables" a los principales problemas criminales que afectan a la sociedad española.
Caamaño explicó que con esta reforma se da cumplimiento a las obligaciones internacionales de España, incorporando más de diez directivas de la Unión Europea cuyo cumplimiento ya "no podía demorarse". En algunos casos, indicó, estos compromisos han necesitado de nuevos delitos, como el de la trata de seres humanos, el tráfico de órganos o la corrupción en el sector privado, y en otros casos, ha habido que modificar tipos penales existentes, como en delitos sexuales y de terrorismo.
En este último campo, destacó que la reforma, de acuerdo al sistema europeo, tipifica la financiación y amplía el concepto de colaboración para incluir la conducta de personas individuales que ejercen labores de captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación dirigida a la integración en organizaciones terroristas.
Además, defendió que la reforma es "oportuna" porque da respuesta a problemas concretos detectados en la sociedad y mejora técnicamente las herramientas con que afrontarlos. En concreto, se refirió, entre otros, a la respuesta más dura a la corrupción, elevando las penas frente a la hacienda pública, los delitos urbanísticos, el cohecho y el tráfico de influencias.
Igualmente, destacó que el nuevo texto trata de "racionalizar el sistema penal", teniendo en cuenta que España tiene una de las tasas delictivas más bajas de Europa, mientras que la de encarcelamiento se encuentra entre las más altas. Entre las medidas destinadas a este objetivo, se refirió a la ampliación de la posibilidad de sustituir las penas privativas de libertad de hasta seis meses por la localización permanente.
El ministro insistió en que ha sido un proyecto "dialogado dentro y fuera del Parlamento" al que han contribuido "todos los grupos", alabó el "amplio consenso" alcanzado en las dos Cámaras y agradeció el "trabajo bien hecho en beneficio de todos los ciudadanos".
La mayoría de portavoces que tomaron la palabra en el hemiciclo coincidieron en reconocer el diálogo y consenso que ha habido durante la tramitación de la reforma, aunque también aprovecharon para volver a defender las modificaciones que apoyaron durante todo el proceso.
PP: "PISEN LA CALLE"
Así, desde el Grupo Popular, Manuel Altava lamentó que los socialistas "han dicho no" a introducir la reiteración delictiva, extender el cumplimiento efectivo de delitos muy graves, regular de otra manera la libertad vigilada, aumentar la prescripción de delitos terroristas cuando haya heridos graves o secuestro o regular la prisión perpetua revisable.
También lamentó Altava que no se haya aceptado aumentar las penas en casos de robos en casa habitada, equiparar la consideración de autoridad de los funcionarios públicos a profesores y sanitarios del sector privado y castigar "adecuadamente" el hurto de productos agrícolas.
El senador del PP animó al Gobierno a "pisar la calle" y conocer "las peticiones de los ciudadanos" y defendió que, aunque su partido cree que la reforma "cumple, aunque no de forma satisfactoria", es más partidario de "un Código Penal distinto".
Desde el Grupo de Senadores Nacionalistas, Joseba Zubia, lamentó que se haya optado por un camino que va "muy lejos de ir en la dirección de un derecho penal del ciudadano" y se convierte en "un derecho penal del enemigo".
Zubia reconoció que en este proyecto se han abordado "cuestiones necesarias" y admitió que se han incorporado algunas de sus reivindicaciones, pero explicó que no pueden apoyar la reforma porque hay cuestiones con las que no están de acuerdo, tales como la libertad vigilada o el cumplimiento efectivo de penas para delitos de terrorismo y contra la libertad sexual.
Por su parte, el senador de CiU Jordi Casas aprovechó para agradecer al ministro de Justicia su "buena disposición", que ha sido "satisfactoria y cordial" en todo momento. "Ojalá todos los ministros tuvieran la misma disposición al diálogo que el de Justicia", afirmó, antes de adelantar su voto favorable "con convicción y satisfacción".
